El juez especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, hizo lugar a la imputación formulada por el Ministerio Público en contra del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
El magistrado Otazú dispuso la aplicación de medidas cautelares contra los 13 imputados en esta nueva carpeta fiscal abierta. El juzgado interviniente ordenó el embargo preventivo de los bienes de los imputados, además de la inhibición general de vender y gravar sus bienes.
En contacto con Radio 1000, el abogado Guillermo Ferreiro, representante legal del jefe comunal esteño, consideró que la medida impuesta es totalmente ilegal, ya que la defensa ni siquiera fue notificada del acta de imputación.
Para el profesional del derecho, existe una evidente persecución contra Prieto que va más allá de lo político. “Acá no hay trasfondo político, acá hay un trasfondo criminal-delictivo-económico. Acá la Fiscalía se ha convertido en el sicario de quien pueda pagar”, sentenció.
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