Después de que el plazo expirase a medianoche, el Senado de Estados Unidos votó en la madrugada del sábado a favor de volver a autorizar una ley clave de vigilancia, luego de que las divisiones acerca de si el FBI debería tener restringido el uso del programa para buscar datos de estadounidenses estuvieron a punto de forzar el vencimiento de la norma.
La legislación, que salió adelante por 60 votos a favor y 34 en contra y recibió apoyo bipartidista, prorrogará dos años el programa conocido como Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. El texto pasará ahora a manos del presidente, Joe Biden, que debe firmarlo para convertirlo en ley. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que el mandatario lo sancionará de inmediato.
Los funcionarios estadounidenses han señalado que la herramienta de vigilancia, que se autorizó por primera vez en 2008 y ha sido renovada varias veces desde entonces, es crucial para frustrar ataques terroristas, incursiones cibernáticas y espionaje extranjero, además de generar información de inteligencia en la que el país ha confiado para operaciones específicas, como el asesinato del líder de Al Qaeda Ayman al-Zawahri en 2022.
La propuesta renovará el programa, que permite al gobierno de Estados Unidos recopilar, sin necesidad de una orden judicial, las comunicaciones de personas no estadounidenses fuera del país para recabar información de inteligencia extranjera. La reautorización enfrentó un largo camino lleno de altibajos hasta su aprobación definitiva, luego de que los meses de enfrentamientos entre defensores de la privacidad y partidarios de la seguridad nacional hicieron que se agotase el plazo oficial.
Aunque técnicamente el programa de espionaje expiraraba a medianoche, el gobierno de Biden dijo que esperaba que su autoridad para recabar información siguiera operativa al menos un año más, gracias a un dictamen emitido a principios de mes por la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que recibe las solicitudes de vigilancia.
Los funcionarios habían dicho sin embargo que esa aprobación judicial no debería sustituir a la del Congreso, especialmente porque las empresas de comunicación podrían dejar de cooperar con el gobierno si no se renovaba la iniciativa.
Fuente: AP
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