El agente fiscal Julio Paredes imputó a la responsable de un complejo de minería de criptomonedas de la ciudad de Hernandarias por la supuesta manipulación del medidor eléctrico, lo que habría ocasionado millonarias pérdidas a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). El Ministerio Público allanó el local y requisó los equipos que operaban irregularmente.
La imputada está identificada como Sandra Elizabeth Franco Olazar, quien enfrenta cargos por sustracción de energía eléctrica, previsto y penado en el Art. 173, inc. 1º, del Código Penal (modificado por el Art. 4º de la Ley 7300/2024).
La investigación del caso comenzó mediante una denuncia presentada por las autoridades de la ANDE. Luego, la Fiscalía realizó el allanamiento del local, ubicado en la calle Samu’u entre avenida Ka’a y Tajy del barrio Puerta del Sol de la ciudad de Hernandarias, ayer 20 de agosto. El procedimiento, que comenzó a las 16:00 horas y concluyó a las 00:30 horas de este 21 de agosto, se llevó a cabo en cumplimiento de un mandamiento judicial firmado por el juez de garantías Nelson Ojeda.
En la ocasión, la comitiva de la Fiscalía, la Policía y la ANDE incautó del lugar 693 procesadores de datos que estaban en funcionamiento y un transformador con potencia nominal de 4.000 kVA (sin placa ni número). Estos equipos fueron posteriormente trasladados al depósito del Ministerio Público, en el barrio Fátima de Ciudad del Este.
Según la imputación, el local de la criptominería estaba habilitado legalmente para operar con aproximadamente 100 máquinas. Sin embargo, durante la intervención, se descubrió que había instalaciones irregulares en el suministro eléctrico. Éstas no estaban pasando por un medidor de electricidad, por lo que solo se facturaba la energía de una de las fases. Las fases 1 y 2 estaban desconectadas del medidor. La energía no medida estaba alimentando el transformador de 4.000 kVA y los 693 equipos para minería de criptomonedas.
Al recopilar los diversos elementos incriminatorios, el fiscal Julio Paredes decidió imputar a Sandra Elizabeth Franco Olazar, quien había firmado el contrato con la ANDE. De igual manera, el representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de la encausada, considerando la gravedad de su acto y la alta expectativa de pena carcelaria, que puede llegar hasta 10 años de prisión.
