El agente fiscal Carlomagno Alvarenga, en coordinación con la Unidad Especializada de Delitos Ambientales, llevó a cabo dos procedimientos por denuncias de delitos ambientales en las localidades de Vallemí y San Lázaro. Esto ocurrió tras denuncias de pobladores que alegan impactos ambientales provocados por la Industria Nacional del Cemento (INC) y la empresa Calpar.
En charla con Radio 1000, comentó que primero verificaron la Industria Nacional del Cemento a raíz de una denuncia de 40 pobladores, que según la versión de ellos, la INC utiliza un material conocido como Petcoke (carbón mineral), que produce un polvo que se impregna en las calles, casas, techos y paredes, además de un supuesto olor. Los ciudadanos de ese lugar pidieron la prohibición del traslado de este material por zonas urbanas.
El fiscal dijo que se hizo la verificación y se pidió un informe al Centro Nacional Toxicológico sobre el grado de peligro del producto y también a la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, un informe preliminar. Según el fiscal, INC proveyó de carpas a los vehículos para tapar las cargas y se comprometió a los cuidados.
«Hicimos el recorrido por donde circulan los camiones y también en la fábrica donde se deposita el producto y todo el proceso que hacen para su utilización, es un carbón, pero no derivado de vegetales, sino de minerales», comentó.
De acuerdo al informe toxicológico, no hay pruebas que haya afectado a la población, pero igualmente solicitó a todos los hospitales de Vallemí y San Lázaro, si es que hubo algunas personas derivadas.
«Lo que normalmente produce son irritaciones y problemas respiratorios. En realidad a quien más puede afectar son a las personas alérgicas, asmáticas, con problemas de salud preexistente», apuntó.
En el segundo allanamiento, el fiscal constató que la planta trituradora cuenta con permiso administrativo y con una declaración de impacto ambiental.
Dijo que solicitó igualmente el plan de gestión ambiental para verificar si las operaciones se ajustan a lo permitido.
Relató que durante la inspección, no se encontró evidencia de la producción de cal agrícola, otra de las denuncias de los habitantes.
Las autoridades ahora analizarán las documentaciones recabadas y los informes solicitados a las instituciones ambientales y de salud, con el fin de determinar si las actividades denunciadas se ajustan a las normativas vigentes.
El fiscal Alvarenga aseguró que la investigación continuará para dar respuesta a las preocupaciones de los pobladores de Vallemí y San Lázaro.
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