La agente fiscal Ruth Karina Benítez, titular de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, logró una condena de cuatro años para Carlos Antonio López Portillo, por el hecho punible de estafa mediante sistemas informáticos.
Según datos del caso, el hoy condenado operó desde su vivienda y desde su local comercial denominado «Box Pluss S.A», ubicado dentro del Shopping La Rural. Este, quien a través de la instalación de numerosos dispositivos conocidos como SIMBOX, cuyos aparatos en forma individual contenían innumerables tarjetas de sim cards de diferentes compañías telefónicas (Telecel S.A., Núcleo S.A, Claro) conectados a routers con innumerables antenas, ayudaban a transmitir más datos y a mayor velocidad. Esto facilitaba el enrutamiento de llamadas internacionales a través de la modalidad técnica de desvíos de protocolo VoIP, que utiliza red de protocolos de internet para transmitir y recibir comunicaciones de voz.
Dichas llamadas internacionales eran transmitidas por la red de internet a las tarjetas sim cards locales, logrando mediante este procedimiento que López Portillo, omitiendo el circuito legal establecido por ley, abarate los costos de las llamadas internaciones al costo de llamadas nacionales para ser utilizadas desde su local comercial. Con ello, logró la disminución del 70% de tráfico en detrimento para la empresa COPACO S.A., mediante el puenteo a la infraestructura de esta, y con ello beneficiándose a través de las ganancias ilícitas, conocida como FRAUDE BYPASS. Además, ocasionó un perjuicio patrimonial para dicha compañía.
Las tarjetas sim cards de varias telefonías, instaladas en las cajas SIMBOX, eran cambiadas de forma periódica y constante, tratando de evitar con ello el rastreo de los números telefónicos.
Tras la recepción y producción de los innumerables elementos probatorios en el juicio oral, el Ministerio Público demostró la autoría del acusado, quedando probado que el condenado no solo logró obtener la conversión de las llamadas internacionales como tráfico local (llamadas nacionales), sino también desbaratar el costo de las entrantes. El valor de una llamada internacional en promedio es de 6.047 guaraníes, mientras que el valor de una llamada local en promedio es de 470 guaraníes. De esa manera, obtuvo para sí todo el beneficio patrimonial, producto del fraude bypass.
El Tribunal de Sentencias Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción estuvo presidido por la jueza Elsa María García, e integrado por los miembros Adriana María Planás y Ubaldo Matías Garcete.
