El comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, en entrevista con Radio 1000, informó que, en prosecución a la investigación de un supuesto hecho punible de extorsión y amenaza de hecho punible, se concretó la aprehensión de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y la detención de un hombre de 36 años de edad.
El jefe policial detalló que en el procedimiento, llevado a cabo en el Departamento de Canindeyú, fueron incautados tres dispositivos celulares.
López señaló que la víctima había destruido una pista clandestina en su predio días atrás y luego comenzó a recibir llamadas extorsivas de delincuentes.
«A partir de ahora comienza la investigación, creemos que estas personas forman parte del brazo logístico de la organización. Uno de los aprehendidos es capataz de una estancia aledaña», refirió.
El operativo fue realizado en la localidad de Acepar, departamento de Canindeyú, donde se detuvo a Ariel Osmar Solingen González. En poder del hombre se incautó un aparato celular vinculado al hecho investigado. Posteriormente, fueron aprehendidas otras dos personas, identificadas como Víctor Brítez González y Sirley Maribel Jara Esquivel, de quienes también se incautaron dispositivos móviles relacionados con el caso.
Según los antecedentes, la denuncia fue presentada por un hombre residente en la colonia Sommerfeld, distrito de J. Eulogio Estigarribia. El denunciante relató que, el 11 de diciembre del año pasado, fue informado por su personal sobre el aterrizaje de una aeronave en su propiedad, ubicada en la localidad de Araújo Kue, distrito de Yhú. Ante esta situación, decidió colocar lomadas en el camino de acceso para evitar que la aeronave volviera a utilizar el predio.
El 2 de enero del corriente año, el denunciante recibió una llamada telefónica en la que le comunicaron que las lomadas habían causado una pérdida de 250 millones de guaraníes al impedir elz aterrizaje. En la misma comunicación, lo intimaron a pagar dicho monto, bajo la amenaza de atentar contra su vida, la de su familia o sus bienes en caso de no cumplir.
El Ministerio Público continúa las investigaciones con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
