Por Robert Marcial González
TIEMBLA EL CRIMEN ORGANIZADO: LA CORTE SUPREMA y LA FISCALÍA GENERAL, INICIARÁN SUMARIOS ADMINISTRATIVOS
El intercambio de mensajes vía WhatsApp entre personeros ligados al narcotráfico y muchos políticos y jueces (todos masones dicho sea de paso) (i), así como el esquema denominado con acierto “la mafia de los pagarés” del cual participa toda, enfatizo, toda la estructura del Poder Judicial (ii), constituyen dos nuevos episodios nefastos que, nuevamente, dejan en claro lo que, en rigor, es un secreto a voces: La institucionalidad pública del Paraguay está al servicio del crimen organizado. El reconocimiento público que en diversos medios realizaron el Fiscal General del Estado y la Corte Suprema de Justicia, me releva de cualquier calificativo adicional.
Luego de dos semanas -en que no han dejado de aparecer agravantes en ambos frentes (“chats narco políticos” y “mafia de los pagarés”)-, sin resignar la necesaria indignación que debe seguir siendo estruendosamente exteriorizada desde todos los sectores de la comunidad que consideran que la situación llegó al límite, se torna necesario formular algunas interrogantes que permitan que la ciudadanía sepa en manos de quienes estamos y a quiénes confiamos las riendas del país.
Resulta interesante advertir que, de manera casi unánime, los integrantes de la sociedad (al menos aquellos que gozamos del privilegio de la inclusión en un país signado por la exclusión y la marginalidad), coincidimos en afirmar que el crimen organizado maneja a su antojo las instituciones públicas y que la situación ha llegado al límite.
En ese marco cabe preguntarnos, ¿cuál ha sido la reacción de los Poderes Públicos? ¿qué mensajes republicanos han sido proyectados? ¿qué posicionamiento tomaron frente a los grupos mafiosos que operan desde dentro y desde fuera de las instituciones? ¿qué soluciones han propuesto? ¿cuál es el nivel de eficacia de esas propuestas? ¿qué impacto pudieron causar en las personas ligadas a los esquemas mafiosos los posicionamientos asumidos por los integrantes de la Corte Suprema de Justicia o por el Fiscal General del Estado? ¿cuál es el ideal regulativo en torno a la República o la Democracia Constitucional que reivindican los Ministros de la Corte Suprema y el Fiscal General? ¿Adhieren a una concepción robusta que no duda en desplegar todos los medios a su alcance para combatir con eficacia el flagelo o, por el contrario, defienden un ideal regulativo meramente formalista y burocrático desde el cual se entiende que basta con habilitar expedientes y procedimientos que duran años y años y terminan diluyéndose en la maraña estatal? El abordaje de estas y otras muchas interrogantes sirve para calibrar no solo los reflejos de quienes integran o encabezan los Poderes Públicos sino, fundamentalmente, para medir el grado de compromiso genuino que tienen con la República más allá del plano discursivo o formal.
Entiendo que en el estado de deterioro institucional en el que se encuentra el Paraguay, un primer ejercicio necesario dentro del debate público, pasa por identificar a los interlocutores que actúan de buena fe al margen incluso de los desatinos en los que puedan incurrir en el día a día, de aquellos otros interlocutores que, indudablemente, operan de mala fe pues están al servicio del esquema podrido por decirlo en forma liviana.
En tal sentido, a estas alturas de los acontecimientos evidenciados de manera clara en los últimos días, entiendo que todas las personas ligadas al quincho desde donde se legitiman las decisiones funcionales al crimen organizado, quedan fuera del debate público pues han decidido (por diversas razones y motivaciones) jugar un partido que nada tiene que ver con el esquema dado por la Constitución y el Estado de Derecho. No hace falta dar nombres pues esas personas ostentan con orgullo el carnet de serviles con el que acreditan su pertenencia, su membresía y su permanencia al quincho. Por ello, excluyo de toda crítica republicana al titular del Poder Ejecutivo y al titular del Poder Legislativo pues ambas cabezas, han mostrado ser los brazos ejecutores de las mafias enquistadas en la institucionalidad pública. Pretender que el Ejecutivo (Santiago Peña) o la facción mayoritaria del Legislativo (Cartistas) enfrenten al crimen organizado con decisión, firmeza y coherencia, sería tanto como pedirle a los tiranuelos Nicolás Maduro o Daniel Ortega que respeten la voluntad popular o que honren las libertades de los disidentes a los regímenes dictatoriales de Venezuela y Nicaragua respectivamente.
Por ello, asumiendo -no sin dificultad- que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General del Estado son todavía interlocutores que obran de buena fe y que dimensionan (según lo han declarado) la gravedad devastadora de lo que ocurre en el Paraguay, se impone que las voces críticas sean dirigidas hacia esos Órganos del Estado que, además, tienen en sus manos la altísima responsabilidad y misión institucional de liderar el combate a los flagelos que están a punto de reducir al Paraguay a un Estado fallido.
Se impone recordar que esas instituciones ostentan, por imperio de la Constitución y el esquema republicano de gobierno, dos cualidades de las que carecemos el resto de los mortales: La Corte es SUPREMA y la Fiscalía General tiene el MONOPOLIO de la persecución Penal y de las políticas punitivas del Estado. Se impone igualmente recordar (o mejor, recordarles a los Ministros de Corte y al Fiscal General) que, contrariando las tibias líneas discursivas y de acción que han desplegado hasta el momento, la Democracia Constitucional les proporciona un sinfín de herramientas legales, políticas, logísticas y normativas pensadas, precisamente, para que ellos puedan dar batalla en momentos álgidos como éste.
O ¿cómo piensan los Ministros de la Corte y el Fiscal General del Estado que otros países pudieron lidiar y desbaratar con eficacia esquemas liderados por Al Capone, o estructuras ligadas a la mafia neoyorquina de los 70 y 80, o todo ese monumento a la corrupción de guante blanco que fue el “FIFA GATE”, o aquellos esquemas fraudulentos trasnacionales conocidos como “Lava Jato” u “ODEBBRECHT”?
Los integrantes de la Corte del Paraguay y el Fiscal General ¿no oyeron nombrar nunca a referentes de la justicia republicana que estuvieron a la altura de la historia, de su tiempo, de su dignidad y de lo que reclamaba la coyuntura como Rudy Giulani, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino o Sergio Moro? por citar solo algunos servidores públicos emblemáticos que hoy están en la memoria colectiva precisamente porque demostraron compromiso, creatividad y coraje cívico para enfrentar con acciones genuinas y eficaces a las mafias y a la corrupción.
En todos los temas que son inherentes a las inevitables tensiones dadas por la convivencia y que se enmarcan dentro del juego democrático, es legítimo y aceptable que los poderes públicos perfilen sus líneas de acción de manera más o menos conservadora o prudente.
Sin embargo, si coincidimos que en este momento el crimen organizado ha copado la institucionalidad pública en muchos niveles, sencillamente no es aceptable disfrazar la cobardía y la desidia cómplices, de prudencia o respeto a los procedimientos como lo vienen haciendo hoy los integrantes de la Corte y el Fiscal General… La Corte no solo co — gobierna el país sino que es Suprema, de manera que no puede darse por bien servida ordenando sumarios o formulando denuncias. La Fiscalía General no solo tiene el monopolio de la pretensión punitiva del Estado sino que tiene atribuciones para “tomar al toro por las astas” cuando la coyuntura lo exige de manera que no puede darse por satisfecha con lo dispuesto hasta ahora.
Por tanto, las tibias líneas de acción, las medidas meramente burocráticas, la decisión de enfrentar la realidad simplemente con papeleo inservible, la idea de reducir el juego democrático de poder público a la apertura de sumarios o la remisión de antecedentes a tal o cual estamento tan gangrenado por la corrupción como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o la SEPRELAD, no pueden ser validadas por la ciudadanía ni pueden ser defendidas públicamente por la Corte Suprema o por la Fiscalía General.
A la luz de las decisiones “operativas” que encargaron, le planteo a la Corte Suprema y al Fiscal General el siguiente ejercicio imaginario: piensen por un segundo en que algunos personeros del crimen organizado como podrían ser Pablo Escobar o el Chapo Guzmán, o mejor aún, aquellos que operaron u operan a sus anchas en el Paraguay como Jarvis Chimenes Pavao, “Cabeza Branca”, Fahd Yamil, Darío Messer, Sebastián Marset, el clan Rotela, el PCC, el Comando Vermelho o sus sicarios logísticos, económicos y políticos involucrados en operativos como “A Ultranza Py” y que le costó la vida a un servidor público comprometido como Marcelo Pecci, estén leyendo o escuchando en los diversos medios de comunicación que, para enfrentarlos, la Fiscalía y la Corte Suprema, decidieron abrir sumarios o generar expedientes burocráticos…
Luego de que hayan visualizado mentalmente el cuadro descrito, les ruego que, con una mano en el corazón, imaginen cuál sería la reacción de los grupos mafiosos frente a las “medidas de urgencia” tomadas por las altas esferas del Paraguay, tomadas por ustedes!… Ahora, cuando dejen de retumbar en sus oídos las risotadas y las carcajadas imaginarias de burla y desprecio de los agentes del crimen organizado y las mafias hacia sus investiduras y las Altas Instituciones que integran y representan, por favor recalculen y muestren que están a la altura de los acontecimientos!
Emiliano Rolón, Eugenio Jiménez, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Gustavo Santander, Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera, Victor Ríos, Cesar Diesel y César Garay: Ustedes (y a estas alturas, dentro de la justicia, tal vez solo ustedes) siguen siendo considerados por la ciudadanía interlocutores de buena fe y servidores públicos confiables. Por ello, quienes seguimos creyendo que no todo está perdido, quienes necesitamos más que nunca ver la luz al final del túnel, rogamos que sean capaces de preguntarse, al menos por un segundo, si de verdad consideran que las reacciones que exteriorizaron hasta el momento y las medidas que ordenaron en el marco de la coyuntura, son eficaces y suficientes, si esas medidas obligaron a las mafias a replegarse o al menos, a recalcular…
No es posible que, teniendo tantas herramientas constitucionales y republicanas reales y simbólicas al alcance de la mano, se conformen con lo que han hecho hasta el momento… El Estado conserva el monopolio de la fuerza, entre otras cosas, porque quienes están en el lugar que ustedes ocupan pueden, como ninguno de nosotros, tomar medidas eficientes, eficaces y suficientes tanto ejecutiva como simbólicamente, para lo cual, deben pensar primero y operar después desde “fuera de la caja” pues la gravedad de los hechos y todo lo que nos jugamos como República, así lo imponen… Entiendan por favor que NO están tramitando un simple expediente judicial! Están enfrentando, literalmente, un drama donde nos jugamos la supervivencia misma de la institucionalidad republicana!
Señores integrantes de la Corte Suprema de Justicia y Señor Fiscal General del Estado: La historia quiso que sean ustedes y no otros quienes tengan que enfrentar el drama calificado como aciago y dramático por ustedes mismos. La historia quiso que sean ustedes y no otros quienes marquen el camino. La historia quiso que sean ustedes y no otros los que tengan la oportunidad de demostrar que la República, como grita el coro de nuestro himno patrio, le dará pelea a muerte al crimen organizado y a las mafias. La historia quiere que sean ustedes los que le devuelvan la esperanza a la sociedad paraguaya…
Nosotros, los ciudadanos que creemos en el proyecto de convivencia dado por la Democracia Constitucional, estaremos de su lado cueste lo que cueste! Si no por la patria, háganlo por ustedes mismos y por sus hijos y nietos… Para mañana es tarde…En poco tiempo más, cruzaremos el punto sin retorno y ustedes lo saben perfectamente…
