El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y su equipo jurídico, presentarán este lunes una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, sobre la supuesta adulteración de carpetas fiscales de las causas donde está procesado. Los abogados del jefe comunal solicitarán una auditoría exhaustiva del expediente, considerando que la defensa verificó adulteración de folios y sustracción de pruebas favorables.
Con la presentación se pretende dejar constancia de cómo, a criterio de la asesoría legal de Prieto, el Ministerio Público «está siendo utilizado para una persecución política, con investigaciones sesgadas, imparciales y plagadas de negligencias». Prieto se presentará acompañado de la abogada Gilda Portillo y el abogado Guillermo Ferreiro, integrantes del equipo jurídico que lleva su defensa ante los diversos procesos penales.
«Pedimos la auditoría de todas las carpetas fiscales, porque en al menos 20 de las 42 causas, ya tenían que haberme declarado inocente pero seguramente por algunas presiones extrapoderes no lo están haciendo. Pero tenemos las pruebas y estamos presentando», expresó el intendente Miguel Prieto.
En la causa sobre supuesta sobrefacturación en la perforación de pozos artesianos, el fiscal Juan Ledesma ya había pedido la desestimación luego de varias diligencias, incluido un peritaje de la Fiscalía. El caso estuvo dos años encajonado en el Juzgado de Ciudad del Este, a cargo de la Jueza Teresita Cazal, quien luego dio trámite de oposición y derivó nuevamente el caso a la Unidad Penal Número 8 de Asunción, a cargo del Fiscal Silvio Corbeta. Sin embargo, el fiscal intervino en la causa sin tener una resolución de asignación de la Fiscalía General del Estado.
Según los abogados del intendente, el Fiscal Corbeta también ordenó una pericia del Ministerio Público que tuvo un resultado favorable al intendente y sin embargo, sigue sin cerrar la causa pese a la ausencia de elementos probatorios contra Prieto.
En otra de las causas, donde el intendente está acusado por lesión de confianza y administración en provecho propio, los fiscales ya habían sido recusados por la defensa por la adulteración de la carpeta fiscal. En este caso, se investiga una supuesta licitación amañada por la vía de la excepción para adquirir insumos para la elaboración de panificados, distribuidos durante la pandemia de Covid-19 a familias de escasos recursos.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado autorizó a los fiscales recusados a presentar un requerimiento conclusivo en este caso. La acusación fue firmada por la fiscal Alma Zayas el 08 de octubre de 2024, pese a que ya había sido nombrada Fiscal Adjunta de Concepción el 02 de octubre. La fiscal no estaba habilitada para el requerimiento conclusivo, asegura la Abog. Gilda Portillo, defensora de Prieto.
Los profesionales del derecho que asesoran al jefe comunal, señalana que se trata de la misma fiscal que dos días después de su nombramiento en la Fiscalía Adjunta, desestimó las causas abiertas contra Jorge Bogarín Alfonso, miembro actual del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El considerado «significativamente corrupto» por los Estados Unidos quedó libre de causas judiciales a solicitud de la agente.
Las causas mencionadas responden a denuncias presentadas en el 2020 por Celso Miranda “Kelembu”, exconcejal municipal.
