Óscar Tuma, abogado de la familia del extinto diputado Eulalio «Lalo» Gomes, manifestó que se debe investigar a Jessica Báez, una funcionaria judicial comisionada a la Secretaría Nacional Antidrogas, dentro del marco del operativo en el que mataron al mencionado parlamentario, en Pedro Juan Caballero.
Para la familia de Lalo, Báez es alguien que alentó a las fuerzas policiales a cometer el ilícito. «Dentro del grupo de la familia, ellos la vinculan dentro de un esquema de chantaje a la familia, de persecución y de la participación directa en el día en que ocurrió la muerte de Lalo Gomes», señaló el profesional del derecho.
Tuma, consultado de por qué Jéssica Báez le pedía dinero a Lalo Gomes, respondió que era para «esconder información», pero aclaró que Gomes «no llegó a pagar». El pedido de dinero era para contener el flujo de información y no llegue al karakú de quienes finalmente tenían que decidir algún procedimiento y darle «blindaje».
«La suma que pidió fue exorbitante, era de 300 mil dólares. Quería ocultar información que se manejaban, las investigaciones que venían de Brasil, todas vinculadas a la operación Pavo Real II, y Lalo no accedió porque no tenía temor. Son más de 1 millón de páginas, pero estoy seguro que no se va encontrar ninguna vinculación con hechos punibles ni de lavado de dinero o de tráfico», sentenció el abogado.
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