Los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero presentaron imputación contra 63 personas, entre ellas 3 jueces de Paz de la Capital (y una exjueza), por la comisión de los supuestos hechos punibles de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso. La primera de las agentes responsables habló con Radio 1000 sobre el tema.
Cabe señalar que, la imputación abarca a los actuarios judiciales, como presuntos cómplices en el prevaricato, producción y uso de documentos públicos de contenido falso; así como a los ujieres notificadores de los juzgados de Paz de La Encarnación, La Recoleta, Catedral del 2do. turno y San Roque; por la presunta comisión, como autores, de producción de documentos públicos de contenido falso y complicidad en el prevaricato.
La medida alcanza a abogados vinculados con empresas de cobranzas por los supuestos hechos punibles de instigación al prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso; y, por último, a oficiales de Justicia, por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Los antecedentes del caso surgen a partir del informe de auditoría elaborado por equipos técnicos, que examinaron expedientes de los distintos juzgados de Paz. Se identificaron numerosas inconsistencias, como notificaciones supuestamente realizadas por ujieres en la misma fecha y horario, incluso en ciudades diferentes, así como mandamientos diligenciados por oficiales de justicia en condiciones similares, detalla el informe del Ministerio Público.
Agrega que, en base a la información remitida por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía solicitó órdenes de allanamiento para 5 juzgados de Paz de la capital. Este trabajo permitió concluir preliminarmente sobre la existencia de hechos punibles y la presunta participación de personas vinculadas a juzgados de Paz y auxiliares de Justicia.
Entre los hechos atribuidos, se señala que jueces habrían dictado resoluciones judiciales contrarias a derecho, beneficiando a empresas actoras (especialmente de cobranzas), incluso cuando sabían que las notificaciones para reconocer firmas y oponer excepciones no se habían realizado. En muchos casos, los procesos avanzaban hasta llegar a sentencias definitivas de remate y embargos con descuentos compulsivos de salarios.
Los actuarios, por su parte, habrían contribuido elevando informes procesales indicando falsamente el cumplimiento de notificaciones, aun cuando estas coincidían en tiempo y espacio imposibles o incluso eran notificadas en días inhábiles. Abogados vinculados habrían instado el avance de procesos, pese a conocer que las diligencias no se realizaron conforme a la ley, afectando garantías como el derecho a la defensa y el principio de igualdad procesal.
Asimismo, ujieres y oficiales de Justicia habrían reportado falsamente la realización de diligencias que, en la realidad fáctica, no ocurrieron.
Una persona sindicada en la causa abierta con relación a las actuaciones del juzgado de Paz de la Catedral del 1er. turno, presentó en la fecha recusación del equipo fiscal interviniente en esta causa, lo que lleva al equipo investigador a elevar informe sobre la causal invocada para que la superior jerárquica, la adjunta María Soledad Machuca, resuelva sobre la procedencia o no de dicha recusación.
