El Ministerio de Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo iniciaron acciones conjuntas, para atender a las víctimas de la estafa masiva por la emisión irregular de pagarés. Ambas instituciones empezaron a trabajar en la conformación de grupos de trabajo y la estrategia jurídica a ser implementada.
En este punto, resaltan que «se ha tropezado con inconvenientes al no encontrar algunos expedientes físicos en los juzgados de paz, lo que dificulta plantear una acción de forma inmediata». En ese sentido, la primera tarea del equipo liderado por ambas autoridades, es «individualizar a las personas afectadas, solicitando a los ministerios de Salud y Educación, donde «hay más afectados, mediante la Ley de Acceso a la Información Pública».
Aclaran que las siguientes acciones a tomar se harán de acuerdo a las personas afectadas que se acercan a solicitar que se le represente, teniendo en cuenta que no se puede intervenir de oficio en un proceso civil, donde está afectado un patrimonio privado.
El equipo, además, está estudiando posibilidades para encarar como estrategia en las acciones a tomar, entre ellas el artículo 38 de la CN que reconoce el derecho a la defensa de los intereses difusos y la protección al consumidor. Esto al considerar que hasta el momento se identificaron 3 tipos de estafas con los pagarés: pagarés que se ejecutan más de una vez, otros donde las notificaciones nunca se realizaron, y la falsificación de firmas; además hay otros casos de expedientes que no existen en físico.
Por otro lado, también se toma en cuenta la cuestión de competencia territorial, es decir si son todos de capital o si hay juzgados también en otras jurisdicciones del país.
«En un esfuerzo por fortalecer la protección de los derechos humanos en el ámbito judicial, ambas autoridades reafirman el compromiso de sus instituciones con la articulación interinstitucional», manifestaron las instituciones encargadas.
