Por Robert Marcial González
La Democracia Constitucional, por su propia esencia, es un territorio de tensiones. Su gran prodigio radica, precisamente, en ese rasgo paradojal pues, gracias a los principios que sostienen esa compleja obra de ingeniería jurídico — política, en su seno tienen cabida todos los proyectos de realización individual así como todas las fórmulas omnicomprensivas ideadas por el hombre para facilitar la convivencia pacífica en comunidad.
Así, la derecha y la izquierda, el libre mercado y el intervencionismo estatal, las múltiples religiones, culturas, razas, etnias y minorías que integran la sociedad, los que abogan por despenalizar la tenencia de armas o de ciertas sustancias prohibidas y quienes se oponen a ello, e incluso, quienes defienden con enjundia posiciones álgidas en temas polémicos y sensibles como el modelo educativo que debe regir o si es conveniente o no en términos de políticas públicas que el Estado apruebe la interrupción del embarazo o el matrimonio igualitario, etc. Todas esas voces, encuentran cabida en la Democracia Constitucional, con la única condición de respetar el marco de tolerancia, diversidad, pluralismo y respeto a las reglas de juego y los procedimientos para edificar decisiones colectivas.
Como se aprecia, las tensiones son inevitables y están garantizadas; y eso, aunque pueda sonar desconcertante, es notablemente bueno por aquello que afirmaba Winston Churchill cuando se refería a la Democracia como “el peor de los sistemas de gobierno con excepción de todos los demás”. Por ello, equilibrar la compleja fórmula entre derecho (Constitución) y política o poder (Democracia), constituye, acaso, el principal desafío de todos los poderes públicos en sus respectivos campos de acción.
Dependiendo de cuál sea el ideal regulativo que defendamos en torno a la Democracia o de cuál sea el perfil de las Constituciones, las decisiones de las autoridades ante las inevitables tensiones, darán más o menos prioridad o protagonismo al Estado (al poder) o, por el contrario, darán más o menos prioridad al ciudadano. Valga la perogrullada, cabe apuntar que si las acciones o las decisiones emprendidas o tomadas desde el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial (incluido el Ministerio Público) se orientan a favorecer los intereses del ciudadano, como lógica consecuencia, darán la espalda al poder (más específicamente, a las personas que ejercen el poder); mientras que si se orientan a favorecer al poder público, darán la espalda al ciudadano.
En el primer caso (ciudadano como epicentro), las decisiones o las acciones apuntarán a respetar el ideal regulativo republicano de mantener limitado y controlado al poder público; mientras que, en el segundo supuesto (poder público como epicentro), las decisiones legitimarán avances -siempre cuestionables- de parte de la clase política o de los jueces, hacia los derechos, garantías y libertades de la ciudadanía.
Ahora bien, ¿cómo hace la sociedad civil para determinar de qué lado se acuestan las autoridades que resuelven cotidianamente sobre nuestras vidas, nuestro patrimonio y nuestras libertades cuando todas las personas que ejercen el poder público, viven justificando discursivamente sus decisiones en nombre de entelequias virtuosas (compartidas incluso en abstracto por la mayoría de los ciudadanos) tales como “la protección del Estado de Derecho”, “la salvaguarda de las garantías”, “el sentir del pueblo soberano”, “la promoción de la más alta jurisprudencia vanguardista de la actualidad”, etc.?
Pues bien, uno de los métodos (que no el único ciertamente) más sencillos, elocuentes, gráficos y eficaces para medir tanto los valores que en verdad defienden las personas que ejercen el poder público desde el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial (incluido el Ministerio Público), consiste en evaluar, caso por caso, a quién o a quienes terminan beneficiando en última instancia las decisiones que toman nuestras autoridades.
El ejercicio de desconstrucción es sencillo y aplica a todos los poderes del Estado. En Latinoamérica en general y en el Paraguay en particular, los ejemplos que demuestran que el derecho está enteramente al servicio del poder político o económico, abundan. Así que de manera a facilitar algunos botones de muestra, en esta ocasión, tomaré como referencia únicamente algunas de las últimas líneas de acción y decisión del Poder Judicial paraguayo en temas, no solo medulares para la Democracia Constitucional, sino sumamente sensibles al sentir de la ciudadanía sea por la trascendencia de la cuestión, sea por la afectación directa de intereses de ciudadanos comunes víctimas de situaciones concretas de gravísimas consecuencias, a saber: i) “mafia de los pagarés”; ii) justificación del accionar policial contra manifestantes que ejercitaron su Constitucional derecho a expresarse y reunirse; y, iii) dilación indefinida del trámite de integración de la Corte para resolver si fue constitucional o no la decisión del Senado de destituir a la congresista opositora más votada por la ciudadanía en las últimas elecciones.
i) “Mafia de los pagarés”: En este y en los demás temas, el sistema jurídico — político, en su elasticidad, le brindaba a la Corte Suprema de Justicia (en ejercicio de su poder contralor) una serie de alternativas de acción para enfrentar el esquema perverso y marginal a través del cual, en perfecto contubernio, jueces, abogados, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y empresas de cobranza, esquilmaban a ciudadanos comunes de manera delincuencial.
¿Qué posición asumió la Corte Suprema de Justicia? ¿priorizó los intereses de la ciudadanía o los intereses del poder? Pues bien, a través de un comunicado donde enfatizan que la decisión tomada responde “al respeto irrestricto del debido proceso”, a las “garantías constitucionales”, al “apego hacia el Estado de Derecho”, a la “buena marcha de la justicia”, etc., los miembros de la Corte no hicieron otra cosa sino garantizarle a las empresas de cobranza beneficiadas del esquema delincuencial, que podrán seguir ejecutando los miles (escucharon bien, MILES) de pagarés duplicados e irregulares que justifican el despojo inmisericorde que sufren muchísimos ciudadanos.
En cualquier caso, hasta ahí -y no sin dificultad-, hasta podría admitirse que dentro de la disyuntiva “poder vs. ciudadano” la Corte, mal que nos pese a algunos, simplemente se decantó por la opción publicista o estatal perfectamente compatible con una de las alternativas que se dan en el marco de las legítimas tensiones apuntadas al inicio. Pero aquí viene lo relevante pues, si añadimos a la ecuación que, había sido, uno de los principales accionistas de una de esas empresas ligadas al caso que se conoce mediáticamente como la “mafia de los pagarés”, es hermano del actual Presidente de la Corte (quien por supuesto, dicho sea de paso, adhirió al comunicado), queda claro que en el Paraguay, el derecho está al servicio del poder y no del ciudadano.
ii) Justificación del accionar policial contra manifestantes que ejercitaron su Constitucional derecho a expresarse y reunirse frente al Poder Judicial: Para honrar la memoria de Rodrigo Quintana, asesinado vilmente por la espalda el 01 de abril de 2017 por agentes de la fuerza pública que atropellaron la sede del Partido Liberal, un grupo de ciudadanos decidió auto convocarse en la explanada del Poder Judicial para rendir tributo al joven malogrado y exigir que se investigue tanto a los autores materiales del asesinato como también a las autoridades políticas que ordenaron el atraco a la sede del Partido de oposición y que derivó en el fatal desenlace. La policía no solo impidió el ejercicio democrático de las libertades de reunión, manifestación y expresión sino que además, agredió cobardemente a varios manifestantes.
¿Qué posición asumió frente al atropello de la fuerza pública el Ministro de la Corte que, en sus polémicas y cuestionables sentencias, afirma que la Constitución y los Tratados deben aplicarse operativamente, en forma directa y sin reparar en lo que él -y quienes siguen su línea- (des) califican como “paleo positivismo”?
Adivinó! El referido integrante de la Corte le dio la derecha al poder legitimando la represión sufrida por los ciudadanos sobre la base que sigue vigente una norma infra constitucional que justifica el cercenamiento de las libertades preferidas concebidas por el constitucionalismo.
Note la ciudadanía que, la misma persona que desde la Corte le pide a los jueces ordinarios que dejen de lado las leyes si entienden que pueden aplicar directamente la Constitución o los Tratados, cuando tuvo la oportunidad de poner en práctica su línea discursiva, justificó y defendió los atropellos de la fuerza pública so color de que existe una normativa infra constitucional y que la misma está vigente le pese a quien le pese. Dicho sea de paso, de esa forma ya deja en claro que todo lo que pontifica sobre Derechos Humanos y Garantías Fundamentales aplica únicamente si la ciudadanía lo excluye a él del ejercicio de la crítica o la protesta. Como me decía mi abuela paterna cada vez que quería señalar mis incoherencias en el trato con mis hermanos, “doy consejos y para mí no tengo”; o, como me decía mi abuela materna cuando impugnaba la juvenil mirada marxista que tiñó mi adolescencia, “qué fácil resulta hacer caridad con dinero ajeno”.
Se aprecia sin dificultad que en el Paraguay, el derecho está al servicio del poder y no del ciudadano.
iii) Dilación indefinida del trámite de integración de la Corte para resolver si fue constitucional o no la decisión del Senado de destituir a la congresista opositora más votada por la ciudadanía en las últimas elecciones: Si bien en este caso me comprenden las generales de la ley, permítaseme remarcar que la justificación dada por la Corte para dilatar sine die el tratamiento del tema, da cuenta de que “sigue pendiente el trámite de integración del pleno”.
La explicación, por conservadora y timorata que se considere, sería legítima si no fuera por el hecho cierto de que los integrantes de esa misma Corte, cuando tuvieron que decidir en causa propia y así auto declararse inamovibles hasta los 75 años; es decir, cuando decidieron comunicarnos a los ciudadanos comunes que ellos gozan de privilegios cuasi vitalicios y que pueden vivir hasta el final de sus días del erario público, no encontraron obstáculo alguno para integrar la sala constitucional de la Corte en un solo día. Así como escuchó amable y sufrido lector! Integraron la Corte y se premiaron en causa propia en un solo día.
Queda claro que en el Paraguay, el derecho está al servicio del poder y no del ciudadano.
En todos esos temas, la Corte Suprema de Justicia utilizó el derecho para proteger y servir al poder. En todos esos casos, la Corte Suprema de Justicia demostró que no está en su agenda ni resulta prioritario perfilar la justicia de cara a la ciudadanía. En todos esos casos, la Corte Suprema de Justicia demostró que siempre que exista una tensión entre el poder (político o económico) y el ciudadano, las decisiones darán la espalda a la ciudadanía y protegerán al poder. En todos esos casos, la Corte Suprema de Justicia demostró que la protección y promoción de derechos, garantías y libertades integran simplemente su repertorio retórico, pero, en la práctica, las decisiones estarán siempre subordinadas al interés de quienes ejercen el poder político o económico. En todos esos casos, la Corte Suprema del Paraguay dejó bien en claro que concibe al derecho como una herramienta al servicio del poder y no como una salvaguarda de la dignidad del ciudadano frente al poder.
Por ello, cada vez que la ciudadanía quiera identificar o evidenciar cómo, con qué criterio, de qué manera y a favor de quién se resuelven temas que activan las inevitables tensiones de la Democracia Constitucional, puede realizar el modesto ejercicio cívico aquí propuesto y, rápidamente, logrará, no solo posicionarse mejor frente al funcionamiento disociado y esquizofrénico de las estructuras de poder sino que además, podrá determinar con precisión quirúrgica de qué lado se acuestan las autoridades…
Empieza la Semana Santa…Así que valga la ocasión para que la ciudadanía comprometida con la construcción de una Democracia Constitucional de calidad le siga rememorando a quienes ejercen el poder público, que, más allá de cómo se auto perciban o allende de lo que declaran o pontifican de la boca para fuera y con poses grandilocuentes, lo que verdaderamente importa al final del día, es lo que atinadamente apuntan las Sagradas Escrituras en Mateo 7:15–20.
