El ministro de la Corte Suprema de Justicia Víctor Ríos, cuestiona accionar de un fiscal de delitos ambientales por leve acusación a personas sindicadas de deforestación.
El integrante de la máxima instancia judicial citó un caso concreto ocurrido en el Chaco, donde los acusados Miguel Antonio Vivolini Barrio Canal y Nicole Vivolini Bomb, habrían deforestado ilegalmente 3.000 hectáreas.
En esa causa, el ministro Ríos dijo que el fiscal aplicó la modificación de la calificación del hecho para que los imputados accedan a una medida alternativa.
«Tal vez en este caso se comprometieron a reforestar 20 hectáreas, pero deforestaron 3.000. Es un muy buen negocio», apuntó Ríos.
El ministro de la Corte destacó la actuación de la juez Fanny Cáceres Barrios, quien se opuso a ese tipo de manejo y elevó el caso a instancias de la Fiscalía General del Estado.
«En los delitos ambientales, lo más importante el mandato constitucional es la restauración, es la recomposición. Es una burla que yo destruya un río, un arroyo y me imponen ‘suspensión condicional de procedimiento’ y debo donar 10 computadora a escuelistas del distrito. Es una burla porque la destrucción de las bases naturales de la vida ya está, están destruyendo al Paraguay y a cambio de la destrucción pequeños regalitos a escuelitas, a hospitales o multas, sanciones irrisorias cuando lo que están en juego son millones y millones de dólares, y no solo eso, la destrucción de las bases naturales de la vida», apuntó Ríos.
El minsitro de la Corte propuso la conformación de una mesa de diálogo con el Fiscal General del Estado Emiliano Rolón, a fin de definir una política clara en materia ambiental.
«O los fiscales van a seguir encubriendo estas prácticas, o realmente se comprometerán a hacer cumplir la Constitución Nacional, cuyo mandato es claro: recomposición y restauración del medio ambiente», sentenció Ríos.
