Ante las quejas o denuncias públicas realizadas en redes sociales de parte de dos docentes que serían víctimas de la denominada “mafia de los pagarés”, una auditoría de reacción inmediata constató que los cuestionamientos contra una defensora pública fueron realizadas a pesar que la unidad del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) habría cumplido con los requisitos exigidos para impulsar los trámites judiciales contra la mencionada supuesta organización criminal. No obstante, se realizaron observaciones preliminares.
Es así que la docente jubilada Laura Mercedes Benítez García había denunciado públicamente que fue maltratada por funcionarios de Defensa Pública. Explicó que viajó desde Villarrica hasta el Ministerio de la Defensa Pública en Lambaré para pedir ayuda por los embargos que sería irregulares.
La maestra Benítez García dijo que “le exigieron requisitos que ni siquiera están previstos para el trámite de litigios como presentar el Certificado de vida y residencia. La víctima lamentó la excesiva burocracia y el maltrato que sufrió, en medio de su lucha”; según se leyó en medios de comunicación.
