El aeropuerto de Barajas, España, restringirá el acceso a sus terminales a pasajeros y acompañantes en determinados horarios. Esta decisión llega en respuesta a la creciente presencia de personas sintecho que viven y duermen dentro de las instalaciones del aeropuerto, un fenómeno que ha generado tensiones entre el Gobierno central, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, enfrentados sobre qué administración debe asumir la atención a este grupo en situación de vulnerabilidad.
Para evitar que el problema se agrave, Aena ha anunciado que reforzará las medidas de control ya existentes. Así, en las franjas horarias con menor tráfico aéreo, se intensificarán los controles de acceso a las terminales.
Durante estos tramos de menor actividad, solo podrán acceder al interior del aeropuerto los pasajeros con tarjeta de embarque, sus acompañantes —tanto en salidas como en llegadas—, y el personal que trabaja en las instalaciones.
El gestor aeroportuario ha reiterado que los aeropuertos no están concebidos para servir como alojamiento, sino que son espacios de tránsito, sin condiciones adecuadas para permanecer en ellos durante largos periodos, especialmente por la noche.
Hace meses, Aena alertó a las administraciones autonómica y municipal sobre el incremento de personas sin hogar que pernoctan en el recinto, instándoles a intervenir.
En este sentido, la empresa pública considera que el Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido una respuesta insuficiente a lo largo de estos meses. Además, interpretan que las declaraciones públicas de sus responsables revelan una falta de implicación institucional, lo que, a su juicio, ha dejado a estas personas en una situación de desamparo.
Ante esta situación, Aena envió ayer miércoles un requerimiento legal al Ayuntamiento de Madrid, al que considera responsable en materia de servicios sociales, para que actúe y ofrezca una alternativa habitacional a las personas sin techo que se refugian en el aeropuerto.
El presidente de Aena, Maurici Lucena, ya adelantó la semana pasada que se tomaría esta medida como paso previo a emprender acciones legales por la vía contencioso-administrativa, con el objetivo de que el Consistorio asuma las competencias que le corresponden respecto a este colectivo vulnerable.
Fuente: EFE
Discussion about this post