A través del Decreto 366/ 2025, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de la Argentina, se modificaron las categorías de residencia, las condiciones para ingresar y permanecer en el vecino país y los accesos a la salud y educación universitaria. También refuerza los criterios de admisión, permanencia y expulsión, y endurece los requisitos para acceder a la residencia permanente y la ciudadanía.
A partir de la publicación del Decreto 366/2025, los extranjeros con residencia temporaria, transitoria o en situación irregular deberán abonar por la atención médica en los hospitales públicos de la Argentina. Quedan exentos únicamente los casos de emergencia. Igualmente, será obligatorio contar con un seguro médico como condición para ingresar al país.
En materia educativa, se habilita a las universidades públicas a cobrar aranceles a quienes no cuenten con residencia permanente. Aunque las instituciones podrán definir si aplican esta medida, el Gobierno de Javier Milei argumenta que busca proteger la sostenibilidad financiera del sistema y priorizar a quienes habitan legalmente en el país. No obstante, la educación primaria y segundaria seguirá siendo gratuita para todos los residentes.
La reforma migratoria ya comenzó a generar reacciones en distintas provincias y sectores políticos. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, adelantó que continuará garantizando la gratuidad de la atención médica sin discriminar por nacionalidad o estatus migratorio.
En cuanto a la reforma migratoria, el Gobierno de Argentina establece la deportación obligatoria de todos los extranjeros que sean condenados por cometer delitos en el vecino país, sin importar la gravedad de la pena. Además, se prevé la expulsión inmediata de quienes ingresen por pasos no habilitados o mientan en su declaración de ingreso al país.
El Gobierno de Javier Milei justificó las medidas en base a los datos fiscales del acceso irrestricto a los servicios público por parte de no residentes y a la necesidad de regular los flujo migratorios en un contexto de creciente presión demográfica. También sostiene que el sistema vigente favorecería el uso abusivo de derechos sin una contraprestación económica por parte de quienes no tributan en el país.
Fuente: La Nación – Argentina
