El administrador judicial designado en un juicio de remoción de autoridades en la firma Biotécnica S.R.L. presentó una grave denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, señalando presuntas maniobras fraudulentas por parte de los abogados Patricia Luján Duarte Ramírez e Iván Balbuena Ruiz Díaz. Según la acusación, ambos profesionales promovieron múltiples acciones judiciales paralelas con el mismo objetivo: dejar sin efecto su administración judicial y beneficiar a su clienta, María Eugenia Acosta, con la complicidad de jueces específicos.
De acuerdo con el escrito presentado por Ronald Francis González Ferreira, perito designado como administrador por orden judicial, los abogados actuaron de forma dolosa e intencional al presentar cinco demandas distintas pero con el mismo contenido, en distintos juzgados civiles de Asunción, entre el 6 y el 20 de junio de este año. Las presentaciones tenían como trasfondo un conflicto societario, pero el objetivo oculto habría sido forzar el sorteo de causas hasta obtener un juzgado favorable, en este caso, el del 15° Turno, a cargo de la jueza Rossana Elizabeth Frutos Olguín.
Una vez que la causa recayó en ese juzgado, la magistrada otorgó —en apenas una hora y cuarenta minutos— una medida cautelar autónoma contra el propio administrador judicial, sin verificar el expediente principal que motivó su designación ni convocarlo a audiencia. Esta decisión permitió el desalojo de González Ferreira del local de la empresa, a pesar de que él estaba actuando bajo mandato judicial vigente.
La denuncia señala que la firma Biotécnica S.A., representada por los mismos abogados, ya había intervenido como tercera parte en el juicio principal, por lo que debía canalizar cualquier objeción en ese proceso y no iniciar causas paralelas. Sin embargo, a sabiendas de ello, los profesionales repitieron los mismos argumentos y pedidos en varios expedientes distintos, violando las reglas básicas del debido proceso.
Además de la denuncia contra los abogados por falta de ética profesional y abuso del sistema judicial, se acusa a la jueza Frutos Olguín de haber actuado con parcialidad manifiesta y desconocimiento de la ley. Su actuación, de acuerdo a la presentación, podría encuadrarse en hechos punibles como prevaricato y cohecho, según los artículos 300, 301 y 305 del Código Penal.
González Ferreira solicitó la apertura de un sumario administrativo y que se remitan los antecedentes tanto al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados como al Ministerio Público. También pidió la cancelación de las matrículas de los abogados denunciados, por haber “socavado el sistema judicial paraguayo con prácticas inaceptables que buscan jueces a medida”.
La denuncia pone nuevamente bajo la lupa el funcionamiento del sistema de sorteos judiciales y las debilidades que permiten su manipulación. También alerta sobre la necesidad de mayor control en la concesión de medidas cautelares exprés, especialmente cuando afectan decisiones de otros jueces o la actuación de auxiliares de justicia designados legalmente.
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