La intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del abogado Ramón Ramírez e impulsada tras el requerimiento de la Contraloría General de la República (CGR), ha confirmado una serie de graves irregularidades en la gestión de transferencias de recursos públicos a comisiones vecinales y organizaciones no gubernamentales (ONGs), principalmente durante el ejercicio fiscal 2020, con patrones que se mantuvieron hasta 2022.
El interventor mencionó que entre las principales causales identificadas por la CGR y corroboradas por el equipo a su cargo, se destacan las inconsistencias y falta de justificación en la asignación de transferencias; el incumplimiento de los procesos de contratación, utilizando transferencias para ejecutar obras; irregularidades en los procesos legales de asignación de fondos a ONGs y comisiones vecinales; y transferencias realizadas sin cumplir los requisitos legales y documentales exigidos.
El monto total de órdenes de pago observadas durante el ejercicio fiscal 2020 asciende a G. 3.042.645.716, vinculadas a estas prácticas irregulares.
Asimismo, la intervención detectó situaciones irregulares adicionales, tales como pagos a proveedores realizados antes de las adjudicaciones formales (la empresa ganadora cobro cheques antes de ser adjudicada); uso de comisiones vecinales como intermediarias entre la Municipalidad y las empresas ejecutoras de obras, simulando procesos competitivos y eludiendo la Ley de Contrataciones Públicas.
La intervención resaltó que estos hallazgos no configuran errores administrativos sino un sistema cuidadosamente planificado para burlar las leyes.
De acuerdo con las conclusiones del informe algunas de las causales planteadas por la CGR fueron comprobadas mediante revisión de muestras documentales del ejercicio 2020; la conducta administrativa irregular se mantuvo constante durante los ejercicios fiscales 2020 al 2022. La responsabilidad alcanza desde el nivel directivo superior de la Municipalidad hasta las áreas técnicas involucradas.
Cabe resaltar que existen indicios de direccionamiento y favorecimiento a empresas con posibles vínculos que actualmente son investigados por el Ministerio Público; y que la intervención ratifica que hubo un uso sistemático de las transferencias para evadir los procesos de control legal, comprometiendo la transparencia y legalidad en la administración de recursos públicos.
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