El Ministerio Público, a través de la agente fiscal Laura Mercedes Giacummo Fernández, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción n.° 13, concretó el pasado miércoles un procedimiento de entrega vigilada de dinero, autorizado previamente por el Juzgado Penal Especializado en Delitos Económicos.
El operativo tuvo lugar en la ciudad de Hernandarias, en el domicilio del denunciante, y derivó en la detención de un hombre quien, según información brindada por el denunciante, se habría presentado como comisario, y habría exigido una suma de dinero directamente en nombre de la Policía Nacional, a cambio de no proceder a un supuesto allanamiento y de retirar publicaciones agraviantes en medios digitales.
La causa se inició a partir de la denuncia presentada por un ciudadano, quien manifestó haber sido víctima de presuntas amenazas y exigencias económicas por parte del ahora detenido, quien al momento de la denuncia se presentó como comisario en funciones. Conforme avanzó la investigación, surgieron elementos que indicarían que el mismo sigue vinculado a la institución policial, aunque dicha condición está sujeta a verificación oficial.
Posteriormente se divulgó que el detenido fue identificado como Karim Correa, de 54 años, comisario retirado de la Policía Nacional.
El procedimiento fue coordinado por la representante fiscal, quien solicitó y obtuvo autorización judicial para la autenticación de billetes, la grabación en audio y video, y la entrega controlada de la suma denunciada, que ascendía a USD 11.000. Durante el operativo se utilizaron equipos técnicos del Ministerio Público para documentar la transacción y asegurar elementos probatorios claves.
La calificación jurídica preliminar atribuida al hecho es la de cohecho pasivo y extorsión, delitos tipificados en el Código Penal Paraguayo. El caso continúa en etapa de investigación a fin de determinar la eventual participación de otras personas involucradas.
La intervención de la Fiscalía se fundamenta en las disposiciones de los artículos 18, 280, 282, 290 y 315 del Código Procesal Penal, y en el artículo 36 de la Constitución Nacional. La competencia fue asumida por el Juzgado Penal Especializado en Delitos Económicos, conforme a la Ley n.º 6379/2019 y la Acordada n.º 1406/2021 de la Corte Suprema de Justicia.
Fuente: Ministerio Público
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