Tras la decisión adoptada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) de clausurar temporalmente sus locales, la cadena de minimercados «Biggie Express», emitió un comunicado dirigido a sus colaboradores, clientes y proveedores.
En el escrito, la empresa califica la decisión tomada desde el Gobierno, como «desproporcional» y considera que esta atenta contra las garantías jurídicas y los derechos constitucionales que protegen la libre competencia, la actividad empresarial y el trabajo digno.
«La orden de cerrar nuestros locales no solo carece de precedentes en situaciones similares o incluso más graves, sino que constituye un acto de abuso de poder que genera un daño irreparable a trabajadores, proveedores, clientes y a la economía nacional», expresa el pronunciamiento.
El directivo de Biggie Express, Giuliano Caligaris, en entrevista con Radio 1000, señaló que desde la firma rechazan de forma categórica la medida impuesta, agregando que esta disposición no solo afecta a la empresa en sí, sino que también a miles de familias paraguayas que dependen directa o indirectamente de su operación.
«Nos vemos obligados a cerrar nuestras puertas de manera temporal, pero volveremos, con la misma convicción de siempre servir a nuestros clientes, sostener a nuestros trabajadores, fortalecer a nuestros proveedores y seguir apostando por el crecimiento económico y social del Paraguay», señaló Caligaris.
Destacó que la clausura afecta a más de 5.300 empleos directos distribuidos en más de 260 locales en todo el país. Agregó que el impacto también sacude a más de 500 proveedores que trabajan con la firma, entre ellos agricultores, microemprendedores nacionales. Asimismo enfatizó que el cierre temporal también afecta a los más de 4 millones de clientes que concurren mensualmente a los distintos minimercados, en los cuales se comercializan más de 450.000 productos por día.
«Exigimos el restablecimiento inmediato de nuestras operaciones y el respeto a los principios de legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica que deben regir en todo Estado democrático»; concluyó.
Posición de la CAPASU
Desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU) catalogaron la sanción como desproporcionada y sin precedentes y consideraron que la medida daña el clima de negocios en Paraguay.
«No solo está en juego el prestigio de una firma comercial sino que con una medida como esta se golpea a la economía del país», enfatizaron desde el gremio.
Para la CAPASU, de constatarse incumplimientos, como las denuncias sobre la venta de productos vencidos, deben recurrirse a formas suficientemente transparentes y firmes que no pongan en riesgo miles de puestos de trabajo.
«El mercado debe estar preparado para recibir las más severas amonestaciones, siempre y cuando no signifiquen la caída de puestos laborales», aseveraron.
El organismo que nuclea a los supermercados sostiene que las autoridades no deben tomar medidas que instalen en el mercado el temor a la arbitrariedad, situación que alejaría cualquier intención de inversión.
«Paraguay tiene una economía con estabilidad, pero necesita reglas que no perjudiquen al mercado, cuiden a los consumidores y corrijan los defectos en la comercialización de alimentos»; concluyeron.
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