Un acta de imputación del Ministerio Público de la República del Paraguay, fechada el 2 de septiembre de 2025, expone una investigación contra varios ciudadanos, incluyendo al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, por supuestas irregularidades en la gestión de fondos públicos.
Según la investigación, en 2020, el intendente Miguel Prieto Vallejos autorizó la entrega de fondos a dos subcomisiones: la «Subcomisión de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares de Ciudad del Este» y la «Subcomisión de Voluntarios Organizados en Ayuda a Ciudad del Este». El documento señala que estos fondos, que sumaban un total de G 311.580.000, presentaron irregularidades en su gestión y rendición de cuentas.
La investigación revela las siguientes sospechas:
- Vínculos familiares y residenciales: La investigación determinó que las subcomisiones tenían vínculos entre sus miembros. Se sospecha que ambas subcomisiones funcionaban desde la misma dirección. Por ejemplo, Lumma Magdalena Silva Battochi (presidenta de una subcomisión) y Mirta Elizabeth Battochi (tesorera de la otra) serían madre e hija.
- Documentos no auténticos: Se sospecha que se utilizaron facturas falsas para justificar los gastos. La empresa Fasv import/export, que supuestamente proveyó 1.700 kg de carne, 3.000 bidones de aceite, 3.000 paquetes de fideo y 2.500 paquetes de arroz por G 155.000.000, es en realidad un local gastronómico que imparte cursos. La propietaria de la empresa declaró que la factura fue emitida a pedido del señor Juan Quiroga.
- Irregularidades en la rendición de cuentas: Las fotos presentadas en la rendición de cuentas de una de las subcomisiones ya habían sido utilizadas en otra rendición de cuentas anterior. Además, las solicitudes de pago de ambas subcomisiones fueron firmadas por los mismos funcionarios municipales, Sebastián Martínez y Sonia Barrios.
La imputación se formula contra Miguel Prieto Vallejos por supuestos delitos de Lesión de Confianza, Producción de Documentos no Auténticos y Declaración Falsa. Los demás imputados, entre ellos Sebastián Martínez, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Nelson Alexis Segovia Acevedo y los representantes de las subcomisiones, también enfrentan cargos por delitos similares.
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