El ministro del Interior, Enrique Riera, informó este mediodía en conferencia de prensa que han decidido la movilización activa en las fronteras luego de declarar a grupos como el Comando Vermelho y el PCC directamente como terroristas. Señaló que están coordinando acciones con el Ministerio de Justicia para reforzar la seguridad en las cárceles, donde se sabe que podría haber influencias de estas organizaciones criminales.
El ministro recordó la facilidad de cruzar las fronteras entre Paraguay y Brasil en ciertas zonas, señalando que en épocas donde «el Estado bajó la guardia» los criminales terminaron ingresando sin problemas para hacerse con influencia en nuestro país. Con la declaración de estos grupos como terroristas, según Enrique Riera, podrá ser mucho más sencillo detener y expulsar a los sospechosos de este tipo de agrupaciones directamente hacia el Brasil.
Destacó la participación que tendrá el Consejo de Defensa Nacional en toda esta labor que se tiene prevista, explicando el ministro que el grupo PCC se considera que tiene más influencia en Paraguay en comparación con el Comando Vermelho. Agregó que han estado recibiendo reportes de la ciudad de Río de Janeiro acerca de las acciones de este último, por lo que todo se está teniendo en cuenta para actuar de manera preventiva.
La declaración de estos grupos como terroristas hace que los militares también puedan intervenir directamente para repelerlos, y ya no solo la Policía, ya que se consideran enemigos directos del Paraguay.
Por su parte, el Doctor Luis Escobar Faella, ex Fiscal General del Estado, explicó que esta decisión implicará también que existan penas más duras en contra de los criminales responsables, aunque señaló que la problemática va mucho más allá, ya que muchos de los integrantes de estas organizaciones cuentan con sus «tentáculos» extendidos por varios frentes, descubriéndose incluso hace unos días sus vínculos con el lavado de dinero en la Argentina.
Detalló que la situación en Río de Janeiro ha llegado al punto en que los criminales han terminado forzando a los comercios a pagar una serie de «peajes», obligándolos incluso a vincularse con la venta de drogas contra su voluntad. A pesar de que el ex Fiscal General se mostró a favor de la decisión del Gobierno, instó a siempre estar atentos a cuidar la presunción de inocencia.






















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