La agente fiscal Liliana Denice Duarte, de la Unidad Especializada en Lucha contra la Violencia Familiar Nº 1 de Ciudad del Este, presentó imputación por violencia familiar contra un personal militar activo, de 31 años. El hecho ocurrió en la madrugada del 30 de noviembre pasado en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este.
Según la investigación, en la ocasión la víctima descansaba en su vivienda cuando escuchó ruidos en el exterior y al salir a verificar, alrededor de las 05:00 horas, encontró a su expareja —sobre quien pesa una prohibición de acercamiento— gritando desde la calle en aparente estado de ebriedad.
El hombre insistía en que se le permitiera entrar a la casa, alegando que necesitaba acceder al baño, mientras profería recriminaciones y elevaba el tono hasta despertar a vecinos y generar temor en el hijo menor de ambos.
Según la denuncia, pese a la restricción vigente, el sujeto saltó la muralla del inmueble, tomó del brazo a la mujer e inició un forcejeo. La hermana de la afectada alertó de inmediato al Sistema 911 de la Policía Nacional, por lo que los agentes del orden acudieron al lugar y procedieron a su aprehensión. Posteriormente, el Ministerio Público dispuso que el sindicado fuera sometido a una prueba de alcotest, la cual arrojó 0,389 mg/l.
La investigación refiere además que no sería la primera vez que se registran incidentes similares. La víctima manifestó que el hombre suele circular reiteradamente frente a su domicilio a bordo de una motocicleta y uniformado como militar, situación que —según dijo— le genera temor y dificultades laborales, pues trabaja como docente. También habría recibido amenazas, incluyendo advertencias de que, en caso de ir preso, recuperaría pronto la libertad.
Tras analizar las evidencias y antecedentes, la Fiscalía concluyó que existen sospechas suficientes sobre la existencia del hecho punible de violencia familiar, por lo que inició el proceso y requirió al Juzgado Penal de Garantías que convierta en prisión su detención preventiva. Igualmente consideró factible la utilización de 6 meses para plantear el requerimiento conclusivo.
Fuente: Diario La Jornada
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