Un exgobernador opositor de Venezuela procesado por «terrorismo» e «instigación al odio» murió en prisión el sábado, informaron representantes de organizaciones de derechos humanos de aquel país.
Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta (2017-2021), fue arrestado en medio de la crisis poselectoral desatada tras el fraude electoral de 2024. La oposición continúa denunciando el fraude y reivindica el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia, en el exilio.
La imposición y proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2.400 detenidos, en su mayoría acusados por el régimen de «terrorismo». Unos 2.000 han sido excarcelados desde entonces, según cifras oficiales.
Díaz «llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija», indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, que se dedica a defender a detenidos por razones políticas.
Desde 2014 han muerto 17 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, confirmó a Romero. «La represión básicamente se ha convertido en un mecanismo o una estrategia del régimen para intimidar», agregó.
Con Díaz, de 55 años, suman al menos seis opositores muertos en prisión desde noviembre de 2024 que fueron arrestados en el contexto de la crisis poselectoral tras los comicios disputados en julio de ese año.
Según Voluntad Popular, «esto no es un hecho aislado. Es la consecuencia directa de un sistema que persigue, encarcela y destruye vidas para sostenerse en el poder. Alfredo Díaz murió sin libertad, sin justicia y sin garantías mínimas, en una cárcel donde el régimen decide quién vive y quién muere».
El opositor Edmundo González Urrutia, quien según los datos certificados por el Centro Carter ganó las elecciones de julio del año pasado -aunque Nicolás Maduro se proclamó vencedor sin mostrar los datos- actualmente exiliado en Madrid, y la líder María Corina Machado también enviaron un comunicado lamentando la muerte del ex gobernador.
«No es un fallecimiento común. Es un crimen bajo la responsabilidad del régimen. Su integridad y su vida eran responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado en la sede del SEBIN, en el Helicoide, que ha sido ampliamente denunciada por organismos internacionales como un centro sistemático de torturas y otras violaciones de los derechos humanos», dice el comunicado de González y Machado.
Fuente: EFE























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