El abogado Adrián Arévalos, presidente de la Asociación de Defensores Públicos, expresó su rechazo a la propuesta de reforma de la Caja Fiscal y cuestionó la existencia de un supuesto déficit en el sector judicial.
En entrevista con Radio 1000, Arévalos afirmó que el gremio no reconoce el déficit al que hacen referencia las autoridades. “Estamos en contra de la propuesta. No reconocemos el déficit que supuestamente se atribuye al sector judicial”, sostuvo.
El titular del gremio señaló que, según datos del propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre 2011 y 2023 se registró un superávit acumulado de aproximadamente G. 400 mil millones, que —según indicó— habría servido de respaldo para los años 2024 y 2025, periodo en el que se produjeron jubilaciones masivas ante el temor de modificaciones en los requisitos para acceder a la Caja Judicial.
No obstante, Arévalos reconoció que existen aspectos que deben ser revisados. Indicó que hay sectores que no cuentan con edad mínima para jubilarse y cuya expectativa de vida es mayor, lo que —a su criterio— requiere estudios demográficos y financieros que respalden cualquier eventual ajuste.
Asimismo, cuestionó un informe difundido el pasado 30 de enero, el cual, según afirmó, fue elaborado por un particular y se pretende presentar como un estudio actuarial. “Carece de muchos requisitos y evaluaciones técnicas”, señaló.
El presidente de la Asociación de Defensores Públicos también criticó la falta de espacios de diálogo y de documentación técnica suficiente para analizar la propuesta. “¿De qué déficit o necesidad hablan? Ni siquiera tenían esto bien elaborado para que podamos analizar, cuestionar y aportar elementos que permitan que ninguno de los sectores quede insatisfecho”, manifestó.
Finalmente, insistió en que el proyecto carece de un informe actuarial sólido y de fundamentos lógicos, matemáticos y económicos que justifiquen los cambios planteados.
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