El abogado Víctor Ávila, especialista en Derecho Penal, en entrevista con Radio 1000, explicó que sentencias en tribunales europeos siguen anulando datos extraídos de la plataforma SKY ECC, reafirmando que la legalidad en la obtención de pruebas es tan importante como la lucha contra el delito mismo.
El debate jurídico gira en torno a la tensión entre el poder del Estado y los derechos del ciudadano. En muchos sentidos, se trata de la clásica pelea entre David y Goliat: David es el investigado; Goliat, el Estado —en ocasiones, incluso un Estado o estructura supranacional europea— con toda su maquinaria investigativa.
“Lo que se discute en procesos vinculados a plataformas como Sky ECC, Anom o EncroChat no es solo el contenido de los mensajes, sino la forma en que se obtuvo la prueba, y si esta permite a la defensa ejercer plenamente su derecho, cumpliendo con el principio de contradicción”, explicó el abogado Víctor Ávila, especialista en Derecho Penal.
El debate adquiere dos dimensiones esenciales: por un lado, la validez procesal de la prueba, que evalúa si fue obtenida sin vulnerar derechos fundamentales; por otro, su validez probatoria, es decir, si cumple con las exigencias legales nacionales y europeas en cuanto a autenticidad, integridad y cadena de custodia.
Las resoluciones judiciales más recientes subrayan que no basta con presentar un archivo elaborado por la Policía, como una planilla de Excel. En materia de prueba digital —potencialmente manipulable—, lo exigible es el acceso al material original y la trazabilidad completa de cómo se obtuvo, bajo qué orden judicial y con qué garantías.
El mensaje de los tribunales europeos es contundente: en un Estado de Derecho, el fin no justifica los medios. La eficacia en la lucha contra el crimen debe avanzar de la mano con el respeto irrestricto a las garantías del investigado. “Cuando el Estado ejerce su poder punitivo, debe hacerlo dentro de reglas claras, verificables y sometidas a control judicial”, enfatiza Ávila.
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