Desde la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (CRIPFA), la Cámara Paraguaya de Compañías de Investigación Farmacéutica (CAPACINFAR), la Cámara Paraguaya de Innovadores de Diagnóstico In Vitro (CAPAIDI) y la Cámara de Distribuidores de Productos Farmacéuticos y afines del Paraguay (CADISFARMA), emitieron un comunicado en el que reclaman las deudas atrasadas y acumuladas por parte del Gobierno.
Indicaron que en los últimos días, asociaciones de pacientes, sociedades científicas y médicos de hospitales de referencia del país «han expresado, a través de los medios de prensa, su preocupación sobre las dificultades que enfrenta el sistema sanitario, las cuales comienzan a poner en riesgo la continuidad de los tratamientos médicos en el Paraguay».
«Miles de pacientes acceden hoy a terapias que antes no existían en el sistema público; sin embargo, el financiamiento del sistema no ha acompañado ese crecimiento», manifestaron los farmacéuticos.
Mencionaron que «actualmente, el sistema sanitario adquiere medicamentos que generan un déficit mensual y que hoy acumula una deuda muy importante con el sector de proveedores de salud».
Ante esta situación, acusaron que «cuando el sistema compra, pero no paga, la cadena de provisión comienza a romperse».
Afirmaron que las «recientes disposiciones administrativas» establecen que «no se realizarán pagos de adquisiciones que no cuenten con previsión presupuestaria previa, lo que en la práctica impide financiar muchos de estos tratamientos urgentes».
Avisaron que el resultado es inevitable porque «hay licitaciones que quedan desiertas, empresas que dejan de presentarse y tratamientos que corren riesgo de interrumpirse».
Apuntaron que «sin condiciones mínimas de pago, el sistema de provisión de medicamentos se vuelve inviable y cuando el sistema se vuelve inviable, los pacientes quedan sin tratamiento».
«Garantizar la salud no es una opción presupuestaria; es una obligación del Estado. Por ello, consideramos fundamental encontrar una solución definitiva al financiamiento que permita asegurar la provisión de tratamientos adecuados a los pacientes», puntualizaron.
Rocío Figueroa, vocera de la CRIPFA, describió la situación como «histórica», acotando que nunca antes se llegó a acumular una deuda de 775 millones de dólares con el gremio. Advirtió que el panorama se agrava aún más por el hecho de que el Estado se niega a reconocer los compromisos financieros concernientes a los medicamentos otorgados por amparos judiciales.
«Hoy el Ministerio de Salud no puede hacer llamados por amparos, y en caso de que haga, los proveedores decidieron no presentarse, hoy te puedo confirmar que los proveedores, importadores, no se están presentando a los llamados de amparo«, reveló la dirigente.
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