El fiscal Luis Trinidad Colmán presentó imputación contra 14 personas, de nacionalidad paraguaya, brasileña y taiwanesa, por la supuesta comisión del delito de amenaza de hechos punibles. El caso se tramita en la Unidad Penal n.º 4 de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, mientras que los implicados permanecen detenidos en la Dirección de Policía Departamental, bajo disposición del Ministerio Público.
La causa se apoya en elementos que, según la investigación, vinculan a los sospechosos con la posible organización de actividades ilícitas. De forma preliminar, la conducta fue encuadrada en el artículo 235, numeral 1°, inciso 2 del Código Penal.
Según los datos recabados, el pasado 19 de marzo de 2026, alrededor de las 06:00, varios ciudadanos extranjeros habrían ingresado al país y posteriormente se habrían reunido con paraguayos en el barrio San Miguel de Ciudad del Este. Allí, presuntamente instalaron una base operativa en una vivienda alquilada, desde donde habrían estado planificando diversos hechos delictivos.
Las pesquisas indican que el grupo habría adquirido imitaciones de uniformes policiales de Brasil, además de placas, insignias y un emblema policial en acrílico. También se incautaron equipos electrónicos, como teléfonos móviles y computadoras, que habrían sido destinados a la ejecución del supuesto plan, el cual se habría desarrollado de manera coordinada entre los involucrados.
En el marco del procedimiento, agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional llevaron a cabo un allanamiento autorizado por el Juzgado Penal de Atención Permanente, mediante el Auto Interlocutorio n.º 341.
Entre las evidencias reunidas figuran informes de inteligencia policial, órdenes judiciales, actas de intervención fiscal y otros documentos incorporados a la carpeta investigativa. A partir de estos elementos, la Fiscalía sostiene una sospecha fundada sobre la participación de los 14 imputados.
Considerando que el hecho atribuido contempla una pena máxima de hasta tres años de prisión, el fiscal interviniente solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva.






















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