El gobierno de José Antonio Kast anunció en Chile un significativo incremento en los precios de los combustibles, medida conocida popularmente como «bencinazo», que provocó malestar ciudadano, extensas filas y compras anticipadas en estaciones de servicio a lo largo del país. El ajuste comenzará a aplicarse desde el jueves 26 de marzo e incluye a las gasolinas de 93, 95 y 97 octanos, además del diésel.
Desde el Ministerio de Hacienda informaron que el alza será de aproximadamente 370 pesos chilenos por litro en la gasolina de 93 octanos, mientras que en el caso del diésel alcanzará unos 580 pesos chilenos por litro.
Las autoridades explicaron que la situación de las finanzas públicas no permite sostener subsidios frente al fuerte aumento de los precios internacionales del petróleo. En ese sentido, señalaron que el contexto global, marcado por tensiones en Medio Oriente, ha impactado directamente en el costo del crudo, limitando la capacidad del Estado para amortiguar estos incrementos.
La medida se enmarca en la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), herramienta que facilita trasladar con mayor rapidez las variaciones del mercado internacional al ámbito local.
Tras el anuncio, se registró una reacción inmediata de los automovilistas, quienes acudieron masivamente a cargar combustible antes de la entrada en vigor de los nuevos precios, generando escenas de congestión y descontento en diversas ciudades.
En declaraciones a CNN Chile, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtió sobre la magnitud del impacto: aseguró que el conflicto actual está generando un efecto en el mercado petrolero comparable con crisis no vistas desde la década de 1970, calificándolo como un shock de gran escala a nivel global.
Como respuesta al impacto en la población, el Ejecutivo anunció medidas de alivio, entre ellas el congelamiento de las tarifas del transporte público en Santiago hasta fines de 2026 y una reducción en el precio de la parafina durante los meses más fríos.
Por su parte, el presidente Kast defendió la decisión y sostuvo que el gobierno no puede sostener gastos que comprometan las finanzas del país, al afirmar que no es posible buscar aprobación pública utilizando recursos inexistentes.
Fuente: EMOL – Chile
























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