La jueza de Paz de Fernando de la Mora, Natalia Molas Ávalos, resolvió no hacer lugar al pedido que buscaba impedir que los periodistas Luis Bareiro, Santiago González y Arturo Villasanti se pronuncien sobre el caso de dos funcionarias judiciales captadas en video mientras realizaban actividades particulares y se negaban a recibir una denuncia. Además, citó al comunicador Bareiro para una audiencia.
La denuncia fue presentada por la actuaria María Sugasti Delgado y la técnica administrativa Gessica Rosalía Caballero Cuquejo, quienes alegaron violencia telemática en el marco de la Ley 5777 de Protección Integral Contra la Mujer. Como medida de protección, solicitaron que se prohibiera la difusión de los videos y cualquier comentario sobre lo ocurrido.
Sin embargo, la magistrada consideró que, al tratarse de funcionarias públicas, su actuación está sujeta al control social, por lo que debe primar el derecho a la libre expresión. En consecuencia, rechazó la solicitud de censura planteada.
El episodio tuvo lugar el 21 de marzo en la Oficina de Atención Permanente de San Lorenzo, donde ambas fueron grabadas en una discusión con una mujer a la que no quisieron tomarle una denuncia por violencia familiar. Tras la difusión del video, el Consejo de Superintendencia de la Corte decidió suspenderlas sin goce de sueldo e iniciar un sumario administrativo.
Las imágenes generaron fuerte reacción ciudadana, ya que mostraban a una de las funcionarias descalza, con los pies en un banco, mientras su compañera le aplicaba una sustancia en el rostro. Esto motivó críticas de periodistas, en especial de Bareiro, por la falta de atención a la denunciante.
Posteriormente, Sugasti explicó en televisión que padece una hernia discal que la obliga a elevar los pies en ciertos momentos, y que el tratamiento que recibía consistía en paños de té de manzanilla indicados tras haber sufrido un derrame ocular.























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