El juez Rodrigo Estigarribia rechazó el pedido de suspensión condicional del procedimiento para tres ujieres notificadores que confesaron haber montado un esquema de notificaciones falsas para favorecer a empresas de cobranzas. Pese a que la Fiscalía solicitó una salida abreviada debido a la colaboración de los procesados, el magistrado consideró que la gravedad de los hechos —que sistemáticamente vulneraron el derecho de defensa de miles de ciudadanos— amerita que el caso sea revisado por la Fiscalía General del Estado La investigación fiscal reveló que los ujieres Audrey Galeano, Alfredo Benítez y Nicolás Antúnez operaban bajo las órdenes de la jueza de Paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils Miñarro.
Los ujieres declaraban haber realizado notificaciones en ciudades distantes en horarios físicamente imposibles. Esto permitía que los juicios avanzaran sin que los demandados se enteraran, facilitando embargos de salarios inmediatos. Las empresas de cobranza y sus abogados estaban al tanto de la falsedad y urgían los trámites para acelerar el cobro. «Un eslabón para la corona» Durante la audiencia, los acusados no solo admitieron los hechos, sino que describieron una estructura de recaudación mafiosa dentro del juzgado:
Reparto de coimas: Nicolás Antúnez declaró que debía entregar el 70% de lo recaudado a la jueza Cibils, mientras que Alfredo Benítez afirmó entregar el 35%.
Presión y cámaras: Los procesados alegaron que eran controlados mediante un circuito cerrado instalado por la magistrada y amenazados con el despido si no «se amoldaban» al sistema.
Vínculos familiares: Benítez reveló que el esquema era preexistente, señalando que la hermana de la jueza Cibils fue la ujier anterior en esa misma unidad. La Fiscalía General del Estado tiene un plazo de 10 días para ratificar el pedido de los fiscales inferiores o, por el contrario, presentar una acusación formal que lleve a los supuestos implicados a un juicio oral y público.
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