La abogada especialista en Derechos Humanos Alejandra Peralta Merlo denunció la existencia de presuntas campañas de difamación contra personas críticas al Gobierno, impulsadas a través de redes sociales, y cuestionó además la forma en que algunos jueces aplican la Ley N.º 5777 de Protección Integral a las Mujeres.
En entrevista con Radio 1000, Peralta Merlo explicó que la acción judicial se inició en 2024 tras publicaciones realizadas por la página “Despierta Paraguay” contra el empresario Christian Chena.
Según relató, en redes sociales circuló un flyer con imágenes de Chena y de la propia abogada, en el que al empresario se lo calificaba como “golpeador y violento”, a raíz de una denuncia presentada por Gisele Mousques debido a un retuit relacionado con información de interés público.
Peralta Merlo señaló además que la jueza de Paz de Trinidad, Gloria Machuca, había dispuesto una medida que prohibía a Chena realizar retuits, aunque posteriormente la restricción fue levantada.
“Desde ahí Despierta Paraguay empieza con las publicaciones en su contra”, afirmó.
La abogada sostuvo que, durante la investigación, solicitaron informes a las plataformas Meta y X, a través de los cuales obtuvieron un número telefónico vinculado a una persona de nacionalidad venezolana.
Indicó que esta semana recibieron datos remitidos por la Dirección Nacional de Migraciones, Interpol y otras instituciones, con el objetivo de identificar a la persona vinculada a la cuenta investigada.
“Vamos a tomar otras medidas para que pueda comparecer al juzgado y tener un punto de partida con los responsables reales”, expresó.
Añadió que se trataría de una mujer joven que habría ingresado al país en 2019 en calidad de refugiada y que aún aguardan otros dos informes antes de solicitar su comparecencia judicial, ya sea de manera voluntaria o compulsiva.
En otro momento de la entrevista, Peralta Merlo se refirió a la aplicación de la Ley N.º 5777 de Protección Integral a las Mujeres y sostuvo que la normativa no debe ser cuestionada en sí misma, sino en la forma en que es aplicada por algunos operadores de justicia.
“Tenemos leyes que protegen a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad y también tenemos la Ley 5777. Según las estadísticas, la violencia contra las mujeres es muy superior a la violencia que recibe el hombre por parte de una mujer”, manifestó.
Asimismo, afirmó que la legislación no discrimina a los hombres en términos formales, ya que la Constitución garantiza igualdad de protección, pero advirtió que existen problemas derivados de la utilización incorrecta de la norma por parte de algunos jueces de Paz.
“El problema está con la mala utilización de los operadores de Justicia”, concluyó.
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