La jueza penal de garantías Rosarito Montanía decretó la prisión preventiva de Roberto Cubilla Sanabria, precandidato a concejal de Luque por la ANR, imputado en el marco del operativo “Copia Fiel 2.0”.
El procesado, señalado por el Ministerio Público y el departamento Contra el Crimen Organizado de la Policía como el presunto líder de una estructura criminal, deberá cumplir la medida cautelar en el Centro Nacional de Prevenidos.
La magistrada concluyó que su elevado poder de influencia, sus contactos políticos y su conocimiento legal incrementaban el peligro de fuga y obstrucción, por lo que determinó que los presupuestos procesales de la prisión preventiva no podían ser neutralizados con medidas alternativas.
Por su parte, los otros dos coprocesados detenidos durante los allanamientos simultáneos, identificados como Roberto Santiago Ayala Galeano y César García, fueron beneficiados con la medida de arresto domiciliario. La resolución judicial se fundamentó en que, según el relato fáctico de la Fiscalía, estos imputados —quienes presuntamente actuaban como cómplices o intermediarios en la red de escribanos y particulares— no ejercían un dominio directo sobre la situación y su grado de reproche penal es menor. No obstante, las fianzas presentadas por sus defensas fueron rechazadas por el juzgado al no reunir los requisitos del reglamento técnico registral.
La magistrada fue tajante al advertir que el arresto domiciliario de los coimputados debe cumplirse estrictamente dentro del recinto de sus hogares, bajo control diario y aleatorio de la comisaría jurisdiccional y con la obligación de presentar informes semanales cada viernes.
Como única excepción, la jueza aclaró que ante situaciones de salud de extrema urgencia se autorizará la asistencia médica inmediata, debiendo comunicarse el hecho a la sede policial si no existiera tiempo para tramitar un permiso judicial previo. Según las presunciones, la organización liderada por Cubilla coordinaba transacciones para transferir y «blanquear» bienes millonarios de la familia del fallecido diputado Eulalio «Lalo» Gomes y de su hijo Alexandre Rodrigues, con el fin de evitar su comiso por parte del Estado.
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