El Tribunal de Sentencias condenó a 27 años de pena privativa de libertad a Jorge Ortega Villalba tras hallarlo culpable del hecho punible de homicidio doloso consumado con alevosía. La agente fiscal Irma Concepción Arias, de la Unidad Penal n.º 1 de Itacurubí del Rosario, representó al Ministerio Público durante el juicio oral y público, logrando demostrar la extrema violencia con la que actuó el ahora condenado.
El trágico suceso había ocurrido el 15 de febrero de 2021 en una granja de la compañía Pindoty, ubicada en el distrito de General Elizardo Aquino, donde resultó víctima fatal Lis Gabriel Ruiz Martínez, de 29 años de edad.
De acuerdo con la investigación fiscal, Ortega Villalba se desempeñaba como capataz de la mencionada propiedad rural, lugar donde también trabajaba la víctima. Tras una discusión entre ambos, el agresor atacó brutalmente a Ruiz Martínez utilizando una pala como arma. El capataz le aplicó múltiples golpes en la cabeza y en el cuello, sometiéndolo a un severo dolor, padecimiento y agonía hasta causarle la muerte.
Durante la inspección del cuerpo, el médico forense del Ministerio Público constató varias heridas cortantes en la base del cuello, así como entre 5 y 6 heridas cortantes penetrantes en el cráneo provocadas por el objeto contundente, determinando como causa de muerte un «traumatismo abierto de cráneo occipital».
Las pruebas reunidas y presentadas por la Fiscalía demostraron que, tras consumar el crimen, el autor actuó con extrema frialdad para intentar ocultar el hecho y asegurar su impunidad. Ortega Villalba maniató el cadáver de su compañero de trabajo, lo arrastró hasta un sector de la propiedad, cavó una fosa clandestina para enterrarlo y posteriormente se dio a la fuga, abandonando el establecimiento.
Durante la etapa de debate, el conjunto de pruebas testimoniales y documentales arrastradas por el Ministerio Público resultó determinante para acreditar la existencia del homicidio y la responsabilidad del acusado. Asimismo, quedó plenamente probado que el condenado actuó con alevosía al aprovechar las circunstancias para ejecutar a la víctima y luego ocultar el cuerpo.
Ante la contundencia de las evidencias, el Tribunal de Sentencias —integrado por el magistrado Walter Ramírez Añazco, como presidente, y Cristhian Duarte González y Romina Onieva Leiva, como miembros— aplicó la elevada sanción penitenciaria conforme a lo previsto en el Código Penal.
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