La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabó un dilatado conflicto de integración en el proceso abierto al exministro del Interior, Rafael Filizzola, acusado por una supuesta lesión de confianza que habría ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 1.131.812.500 al Estado paraguayo. El máximo tribunal resolvió no admitir el trámite como una contienda de competencia formal y dispuso la remisión inmediata del expediente número 105/2013 a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones, Primera Sala de la Capital, para que la causa sea reasignada a sus miembros naturales.
La intervención de la Corte se produce tras una compleja cadena de inhibiciones y recusaciones que paralizaron la causa. El conflicto escaló luego de que la defensa de Filizzola recusara a los camaristas José Agustín Fernández y Bibiana Benítez, sumado al apartamiento del magistrado Camilo Torres, la jubilación del camarista Delio Vera Navarro y la posterior aceptación del juez Paublino Escobar para integrar el tribunal de alzada. Aunque el sistema informático llegó a sortear a la jueza Adriana María Giagni en reemplazo de Fernández, la magistrada se opuso a entender en el expediente. Giagni argumentó que mantener el caso bajo una conformación provisoria por una «cuestión meramente burocrática del sistema» vulneraría el principio constitucional del juez natural, debido a que la Corte ya designó a dos nuevos titulares definitivos para esa sala.
Los ministros Manuel Dejesús Ramírez Candia, María Carolina Llanes y Víctor Ríos Ojeda concluyeron que, en puridad, no existía una disputa de competencia real porque ningún juez se declaró formalmente incompetente. No obstante, determinaron que era indispensable reencausar el proceso y devolver los autos a la instancia correspondiente para que los integrantes naturales resuelvan los recursos pendientes y garantizar así las reglas del debido proceso.
Esta decisión del máximo tribunal representa un paso clave ante los urgentes reclamos del Ministerio Público para evitar la impunidad. El pasado 22 de mayo de 2026, la fiscala Silvia González presentó un escrito urgiendo a la Sala Penal que resuelva la situación de los camaristas, alertando sobre el excesivo letargo de un expediente que deambula en los pasillos judiciales desde hace más de una década.
La Fiscalía acusa a Rafael Filizzola de haber ordenado, en un plazo menor a 22 días, el millonario desembolso de dinero público a favor de la empresa Todo Verde Emprendimientos para la refacción y construcción de baños en 23 comisarías del Área Metropolitana. Según la hipótesis del Ministerio Público, las obras prometidas nunca concluyeron y, en varios de los casos, ni siquiera llegaron a iniciarse.
El núcleo de la batalla legal gira en torno a la vigencia de la acción penal. La representación del Estado busca revertir la decisión del juez penal de garantías Yoan Paul López, quien el 6 de mayo de 2025 declaró la prescripción de la causa en una audiencia preliminar y decretó el sobreseimiento definitivo del exministro bajo el argumento de una supuesta desidia fiscal.
La fiscala González objeta con dureza este fallo, alegando que el juez López ignoró que un Tribunal de Apelación ya se había expedido en contra de la prescripción con anterioridad y advirtió que el retraso del proceso es exclusiva responsabilidad de las constantes chicanas de la defensa, por lo que exigió a la Corte que compute los «plazos muertos» para reactivar formalmente el juicio.
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