El abogado Richar Rojas, representante legal de Ismael Fenner, quien se presenta como propietario del Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (ISICS), denunció una presunta apropiación irregular de la institución educativa y cuestionó la emisión de 313 títulos académicos que, según afirmó, presentan graves inconsistencias.
En entrevista con Radio 1000, el profesional calificó el caso como una situación “muy grave para la educación paraguaya” y para el derecho a la propiedad privada. Explicó que su representado adquirió los derechos sobre el instituto en 2017 mediante una cesión onerosa realizada por Gloria Liz Fernández, operación que posteriormente fue homologada por el Poder Judicial.
Rojas relató que en julio de 2025 Fenner tomó conocimiento de que personas ajenas habrían asumido el control de la institución y estaban realizando trámites ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) para la habilitación de carreras. Ante esta situación, en agosto de ese mismo año presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por presunta apropiación.
Según indicó, la causa quedó a cargo de la fiscal Nathalia Silva, quien solicitó informes al CONES respecto a la titularidad del instituto. Sin embargo, sostuvo que las respuestas obtenidas fueron insuficientes y evasivas.
El abogado señaló además que presentaron varias notas ante el CONES y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), alertando sobre supuestas irregularidades administrativas y jurídicas vinculadas a la gestión de la institución.
Entre los principales cuestionamientos, Rojas mencionó la existencia de 313 títulos que fueron denunciados ante el MEC el pasado 29 de mayo. Afirmó que, tras verificar los datos abiertos de la cartera educativa, detectaron que entre el 5 y el 22 de mayo de este año fueron registrados 313 egresados del instituto.
De acuerdo con su versión, la resolución que habilitó carreras de licenciatura en la institución corresponde al 27 de marzo de 2026, por lo que consideró imposible que en apenas dos meses se hayan completado programas académicos que normalmente requieren al menos cuatro años de formación.
Asimismo, cuestionó la cadena de transferencias de titularidad del instituto, asegurando que una de las operaciones involucró a una persona fallecida. En ese sentido, sostuvo que Eulalio Sanabria Martínez murió el 12 de enero de 2018 y que existe documentación oficial que acredita el deceso, por lo que cualquier transacción posterior atribuida a esa persona carecería de validez legal.
Rojas afirmó que desde agosto de 2025 viene alertando a las autoridades sobre la situación y aseguró contar con constancias de todas las presentaciones realizadas ante el MEC y el CONES. También sostuvo que las denuncias sobre los 313 títulos presuntamente irregulares no fueron abordadas durante recientes explicaciones brindadas por autoridades del sector educativo.
Las acusaciones realizadas por el abogado forman parte de una investigación en curso y deberán ser esclarecidas por las instancias administrativas y judiciales competentes.
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