La agente fiscal Kathia Uemura, titular de la Unidad Penal N.° 5 de la Fiscalía Regional de Pedro Juan Caballero, resolvió formular una imputación formal contra una mujer por la supuesta comisión del hecho punible de homicidio doloso. El proceso penal se desprendió de una rigurosa investigación técnica iniciada tras confirmarse el fallecimiento de un bebé recién nacido, cuyo cuerpo fue localizado en el área de sanitarios de un centro médico local apenas unos minutos después de haberse producido el alumbramiento de forma clandestina.
Los antecedentes del caso detallan que el trágico suceso se registró el pasado 11 de junio en las instalaciones del Centro de Especialidades Juan Pablo, ubicado en el barrio Obrero de la capital departamental. De acuerdo con los elementos recolectados por los investigadores del Ministerio Público, la ahora imputada mantuvo una conducta de negación sistemática sobre su estado de gravidez durante la totalidad de los meses de gestación.
En la fecha mencionada, la mujer acudió al citado nosocomio manifestando intensos dolores corporales; sin embargo, en un momento dado se apartó de las salas de atención para dirigirse al sanitario del establecimiento, donde dio a luz mediante un parto normal sobre el piso del baño.
La pieza clave para la tipificación del delito provino de los estudios científicos forenses. Especialistas de la Morgue Judicial de Asunción practicaron la autopsia de rigor al cuerpo del neonato, concluyendo de forma unánime que el recién nacido llegó al mundo con vida y con un desarrollo biológico completo. El dictamen médico legal determinó que la causa científica del deceso fue una asfixia mecánica sufrida durante sus primeros minutos de vida extrauterina. Los informes preliminares señalan que, de manera posterior al fallecimiento, el cuerpo de la pequeña víctima fue arrojado al interior del inodoro del baño asistencial.
Tras constatarse el macabro hallazgo por parte del personal de limpieza y médicos de guardia, se activó de inmediato el protocolo de emergencia con la intervención de los agentes de la Policía Nacional, el personal especializado del Departamento de Criminalística y los representantes fiscales locales. Los peritos levantaron evidencias clave del sitio y tomaron declaraciones testimoniales en el perímetro.
Con base en este conjunto de elementos de convicción unificados, la fiscal Uemura dispuso el procesamiento formal de la madre, disponiendo que la causa continúe su curso procesal conforme a las garantías y normativas legales vigentes.
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