El Ministerio Público imputó al ciudadano chileno investigado por trasladar ilegalmente a su hija de 2 años a Argentina, luego de incumplir una orden judicial de restitución. La Fiscalía solicitó además su prisión preventiva por considerar que existe peligro de fuga y riesgo de obstrucción de la investigación.
La imputación fue presentada por el agente fiscal interino Aldo Cantero por los supuestos hechos punibles de desacato de orden judicial y violación del deber de cuidado.
La niña fue localizada sana y salva el viernes en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, Argentina, como resultado de un operativo de cooperación internacional. La investigación se inició tras la denuncia presentada por la madre de la menor.
De acuerdo con la investigación fiscal, el hombre retiró a la niña el miércoles 8 de julio en el marco del régimen de relacionamiento vigente, pero no la devolvió a la hora establecida, prevista para las 17:00.
La madre intentó comunicarse con el padre, quien inicialmente se negó a restituir a la menor y posteriormente dejó de responder llamadas y mensajes. Por su parte, la abuela paterna, quien permanece detenida, manifestó desconocer el paradero de ambos cuando fue consultada.
Si bien el hombre envió fotografías asegurando que se encontraba con la niña en San Bernardino, la ausencia de contacto directo y la preocupación por la integridad de la menor motivaron la intervención del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional.
La investigación dio un giro el jueves 10 de julio, cuando la abuela paterna fue detenida en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, presuntamente cuando intentaba abandonar el país.
Posteriormente, el Ministerio Público emitió una orden de detención preventiva contra el padre, quien fue localizado y detenido el viernes en la ciudad de Resistencia.
La Fiscalía solicitó al Juzgado la aplicación de la prisión preventiva, argumentando el peligro de fuga, la falta de arraigo en Paraguay y el riesgo de entorpecimiento del proceso penal. Asimismo, el fiscal Aldo Cantero requirió un plazo de seis meses para concluir la investigación y presentar el correspondiente requerimiento conclusivo.
Fuente: ABC Color
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