La sede del Registro Unificado Nacional (RUN) fue evacuada este lunes luego de que una llamada telefónica alertara sobre la supuesta presencia de dos artefactos explosivos en el edificio. Tras la inspección realizada por efectivos especializados de la Policía Nacional, la amenaza resultó ser falsa y las actividades fueron restablecidas.
El director de Seguridad de la Corte Suprema de Justicia, coronel Freide Amarilla, informó que la institución activó de inmediato el protocolo de seguridad establecido para este tipo de situaciones, procediendo a la evacuación preventiva de funcionarios y usuarios.
En declaraciones a Radio 1000, explicó que la alerta fue recibida durante la mañana mediante una llamada telefónica realizada por un hombre, quien advirtió sobre la supuesta existencia de dos bombas en el edificio.
Tras la denuncia, acudieron al lugar efectivos de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional. Los agentes realizaron una inspección exhaustiva de las instalaciones, sin encontrar ningún artefacto explosivo.
Amarilla confirmó que, una vez concluido el procedimiento y descartada la amenaza, los funcionarios regresaron a sus puestos de trabajo y las actividades en el RUN fueron normalizadas.
No obstante, señaló que el Departamento Antisecuestro continúa con las investigaciones para identificar a la persona que realizó la llamada y determinar las responsabilidades correspondientes.
El director de Seguridad destacó que este tipo de falsas alertas ocasiona importantes perjuicios institucionales, tanto por la movilización de recursos humanos y logísticos como por la interrupción de los servicios y los riesgos que implica evacuar a un gran número de personas.
Asimismo, recordó que en ocasiones anteriores ya se logró identificar y procesar judicialmente a responsables de amenazas similares contra dependencias del Poder Judicial.
Finalmente, indicó que, una vez concluida la investigación policial, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para el inicio de las acciones penales que correspondan contra el autor de la falsa amenaza.
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