La resolución judicial fue dictada por el magistrado Humberto Otazú durante la audiencia de imposición de medidas cautelares. La investigación impulsada por la representación fiscal sostiene que la pareja integró un esquema delictivo —junto a dos ciudadanos paraguayos— con la finalidad de ingresar capitales de dudosa procedencia al sistema financiero local a través de la firma de maletín denominada «Golsur S.A.».
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, la estructura fue utilizada como fachada legal para la compra de seis departamentos de alta gama y sus correspondientes cocheras en el edificio Innova del barrio Las Mercedes de Asunción. Las transacciones inmobiliarias, concretadas en efectivo entre abril y junio de 2024 por un monto superior a los 460.000 dólares, habrían tenido como objetivo enmascarar la identidad de los beneficiarios finales y disimular la trazabilidad de los recursos.
El origen de la causa se remonta a la remisión de antecedentes por parte de la Justicia del país vecino, donde se investiga a Kueider por la presunta percepción de sumas indebidas provenientes de una firma de seguridad privada entre 2017 y 2019. Cabe recordar que el exlegislador ya cuenta con una condena previa de dos años de pena privativa de libertad con ejecución condicional en Paraguay, tras haber sido hallado culpable de tentativa de contrabando por intentar ingresar con más de 200.000 dólares en efectivo no declarados en la frontera.
Por su parte, el abogado Carlos Arévalos Giret, representante legal de los imputados, cuestionó la aplicación de la medida cautelar al señalar que sus defendidos han demostrado una sumisión integral ante las instancias requeridas por la Justicia local. El letrado argumentó que solicitaron la libertad ambulatoria en atención al principio de igualdad procesal —aplicado a otros implicados en el expediente— y recordó que la pareja ya cumplió más de un año y medio de reclusión domiciliaria en causas anteriores. Asimismo, Arévalos sostuvo que el delito precedente atribuido en el extranjero aún se halla en debate de competencia territorial en los tribunales de origen, careciendo de un juzgado firme que determine la existencia del hecho.
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