El Ministerio de Economía y Finanzas cerró un proceso de negociación con ciudadanos y firmas privadas que cuentan con sentencias judiciales firmes a su favor contra el Gobierno. Tras revisar la lista de personas con derecho a cobro, el ministro de Economía, Óscar Lovera, firmó la Resolución N.º 391/26, donde se aprueba formalmente la nómina de quiénes cobrarán primero por haber aceptado un «descuento» en el dinero que el Estado les debía.
Esta estrategia de negociación acordada entre las partes permitirá un importante alivio para las arcas públicas. Gracias a las rebajas aceptadas por los acreedores para agilizar sus trámites, el Estado logrará un ahorro exacto de G. 4.017.625.667. Con esta medida, la administración busca saldar cuentas pendientes de forma justa y responsable con el presupuesto nacional.
Para evitar un impacto fuerte en los recursos disponibles de este año, la normativa fija reglas claras para las deudas más grandes. Si el monto a pagar por un solo juicio supera el límite de los G. 4.000 millones, no se entregará toda la suma junta de una sola vez. En esos casos, el Estado entregará una entrega parcial durante este ejercicio y completará el resto en cuotas durante los próximos años, según la disponibilidad de dinero en cada presupuesto.
Tras la firma de la resolución, la oficina de Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado (CODE) recibió la instrucción oficial de mover los expedientes e iniciar las transferencias de dinero. Los pagos se realizarán en el orden exacto en que figuran en la lista aprobada y cumpliendo con todas las normas establecidas para el uso de los fondos públicos durante el año 2026.
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