El presidente de la República, Santiago Peña, ofreció declaraciones a los medios de comunicación en el marco de una actividad oficial desarrollada en la ciudad de Luque con motivo del Día de la Alimentación Escolar. Al ser requerido sobre la reciente imputación por presunta lesión de confianza formulada por el Ministerio Público contra los expresidentes del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez y Vicente Bataglia, el mandatario defendió el criterio utilizado para la remoción y nombramiento de altas autoridades dentro del Poder Ejecutivo. Peña señaló que toma las determinaciones en función a la información disponible en cada momento y argumentó que los ajustes en el gabinete responden a evaluaciones permanentes sobre la gestión pública.
En su intervención, el jefe de Estado manifestó que la conducción de la administración nacional implica la toma de decisiones responsables sin entrar en valoraciones de índole moral sobre los colaboradores salientes. El presidente remarcó que las reestructuraciones dentro de las entidades estatales continuarán aplicándose conforme a los requerimientos institucionales, indicando que el seguimiento del desempeño de los funcionarios se realiza de manera constante para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados por el Gobierno central.
Por otra parte, el titular del Ejecutivo fue abordado respecto a la postura adoptada ante los recientes dichos del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, relativos al conflicto bélico de la Triple Alianza. Al ser cuestionado sobre los plazos y canales utilizados para responder a la nación vecina, Peña aseveró que la posición del Estado paraguayo quedó fijada institucionalmente a través del comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, siguiendo directivas directas de la Presidencia de la República.
El mandatario descartó que la diplomacia nacional deba conducirse mediante debates mediáticos o intercambios informales entre jefes de Estado. Peña enfatizó que la gestión de la política exterior exige la observancia de tiempos y protocolos formales, señalando que los canales institucionales de la Cancillería representan el conducto legítimo para sentar la postura de la República ante la comunidad internacional y resguardar la soberanía del país frente a declaraciones que afecten la memoria histórica.
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