Un operativo policial llevado a cabo en el asentamiento 13 de Junio de la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná, permitió la recuperación de un teléfono celular sustraído de una vivienda. De acuerdo con las indagatorias preliminares, el hurto fue ejecutado por un adolescente de 15 años, quien posteriormente entregó el dispositivo a tres personas con el objetivo de comercializarlo en la zona. La víctima logró rastrear la ubicación del aparato y alertó a los efectivos policiales, quienes constataron que uno de los involucrados —con antecedentes penales— ya había concretado la venta del teléfono antes de ser intervenido.
La actuación de los uniformados cobró repercusión pública a raíz de la difusión de imágenes grabadas. El subjefe de dicha unidad, subcomisario Willian Ferreira, argumentó que las diligencias se desarrollaron en un sector calificado como complejo debido a la presencia de más de 24 asentamientos, factor que exige mayor cautela en los controles. La autoridad policial justificó las aprehensiones señalando que se actuó en seguimiento directo a la denuncia de la víctima y que varios de los sospechosos carecían de documentos de identidad al momento de la verificación, oponiendo resistencia al procedimiento.
Ante la viralización de las imágenes, la Defensoría Pública emitió un pronunciamiento para exigir una revisión estricta sobre las condiciones de legalidad en que se ejecutaron las aprehensiones. Si bien la institución reconoció las facultades constitucionales y legales que posee la Policía Nacional para intervenir ante hechos delictivos, enfatizó que dichas atribuciones no son ilimitadas y deben ajustarse al estricto respeto de las garantías procesales y los derechos fundamentales consagrados en el Código Procesal Penal.
En ese contexto, los órganos de control analizarán si existieron causales de flagrancia o fundamentación suficiente para privar de libertad a los involucrados, evaluando de forma específica si el nivel de fuerza aplicado por los agentes fue necesario y proporcional a la situación. Desde la Defensoría aclararon que la postura institucional no busca expedirse sobre la existencia del delito de hurto ni sobre la responsabilidad penal de los implicados, sino garantizar que los procedimientos de las fuerzas de seguridad se enmarquen rigurosamente dentro de la legalidad.
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