La familia del fiscal Marcelo Pecci y su equipo jurídico emitieron un comunicado en el que expresan su «categórico rechazo» a las recientes declaraciones del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, sobre la investigación del asesinato del agente antimafia, ocurrido en mayo de 2022 en Colombia.
Los familiares cuestionan que Rolón insista en que la jurisdicción principal del caso corresponde a Colombia y que la actuación de Paraguay se limite a una cooperación internacional. Sostienen que esa postura desconoce la realidad procesal de la causa y resta importancia a la búsqueda de los autores intelectuales del crimen.
En el documento recuerdan que, además de la causa abierta inicialmente por cooperación internacional durante la administración de la exfiscal general Sandra Quiñónez, fue el propio Emiliano Rolón quien, en octubre de 2023, dispuso la apertura de una investigación penal independiente en Paraguay por homicidio doloso, designando a los fiscales Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Cristian Ortiz.
Asimismo, señalan que los representantes del Ministerio Público paraguayo integran un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) con las autoridades colombianas, por lo que consideran incorrecto afirmar que Paraguay cumple únicamente un rol de cooperación pasiva.
La familia también recuerda que el entonces comandante de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Luis Vargas Valencia, y el entonces fiscal general de ese país, Francisco Barbosa, sostuvieron públicamente en junio de 2022 que la orden para ejecutar el asesinato de Pecci se originó en territorio paraguayo, por lo que consideran inadmisible desconocer el vínculo de la causa con la jurisdicción nacional.
En ese contexto, instan a Rolón a asumir el liderazgo institucional de la investigación y a no ampararse en argumentos de territorialidad para eludir responsabilidades. Además, cuestionan que, si Paraguay careciera de jurisdicción, no tendría sentido la apertura de una causa penal autónoma por homicidio doloso.
Los familiares advierten además que una actuación contradictoria o evasiva podría favorecer las futuras estrategias de defensa de los eventuales imputados.
Finalmente, hacen un llamado a las autoridades judiciales, en especial a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, para evitar que el caso quede impune. Afirman que el Estado paraguayo está fallando no solo a Marcelo Pecci y a su familia, sino también a toda la ciudadanía, al no avanzar en el esclarecimiento de los autores intelectuales del magnicidio. Concluyen que Paraguay merece una justicia que combata al crimen organizado y no que contribuya a la impunidad.
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