El abogado Rodrigo González Planás, representante legal de la exjueza Tania Carolina Irún, afirmó que la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal de Sentencia demostró que la acusación por presunto prevaricato carecía de sustento probatorio y cuestionó el tratamiento que tuvo el caso durante el proceso penal.
En entrevista con Radio 1000, el defensor sostuvo que durante el juicio oral quedó en evidencia lo que una de las integrantes del Tribunal calificó como un «sesgo de confirmación», al considerar que la querella instaló públicamente una versión de los hechos que, según dijo, no pudo demostrar con pruebas durante el debate.
«En el juicio oral no bastan las afirmaciones; todo debe ser probado. La querella no pudo acreditar lo que sostuvo durante todo este tiempo», expresó.
González Planás también cuestionó el desempeño de los juzgados de garantías, señalando que en muchos casos actúan como meros convalidadores de los pedidos del Ministerio Público, sin realizar un análisis profundo de los elementos presentados en la etapa preliminar.
Indicó que, en esta causa, una Cámara de Apelaciones anuló en su momento la resolución que elevó el caso a juicio oral, decisión que calificó como excepcional, al considerar que normalmente los jueces de garantías no ejercen plenamente el control que les corresponde durante esa fase del proceso.
Asimismo, sostuvo que esa situación contribuye a la sobrecarga de los tribunales de sentencia y al uso excesivo de medidas cautelares, pese a que el Código Procesal Penal las establece como excepcionales.
Respecto a los próximos pasos del proceso, el abogado estimó que la querella apelará la sentencia absolutoria, por lo que aún restan instancias judiciales por agotarse. No obstante, afirmó que la exmagistrada desea cerrar definitivamente el caso y reconstruir su vida profesional.
«Tania Irún quiere dejar atrás este proceso, volver a trabajar y rehacer su vida. No está pensando en represalias, sino en recuperar la normalidad», manifestó.
El defensor también destacó que durante el juicio oral fueron incorporadas pruebas que no habían sido analizadas anteriormente por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), entre ellas los estatutos de la empresa extranjera involucrada, la nacionalidad de sus accionistas y documentación que, según afirmó, acreditó que las acciones eran nominativas y no al portador.
En ese sentido, remarcó que el JEM evaluó la conducta de la entonces magistrada bajo criterios administrativos y disciplinarios, mientras que el proceso penal analizó exclusivamente la eventual existencia del delito de prevaricato.
El Tribunal de Sentencia, integrado por Rossana Maldonado, Juan Francisco Ortiz y Lourdes Garcete, resolvió por unanimidad absolver de culpa y pena a la exjueza Tania Irún por el beneficio de la duda razonable, tras concluir el debate probatorio.
La causa se originó por una resolución dictada por Irún en noviembre de 2018, mediante la cual ordenó la transferencia de unas 310.000 hectáreas, distribuidas en 26 fincas del departamento de Alto Paraguay, en el marco de un juicio por cumplimiento de contrato promovido por empresas extranjeras contra la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. La decisión derivó en una denuncia por presunta violación de la Ley de Seguridad Fronteriza.
Con la sentencia absolutoria, el Tribunal dispuso además el levantamiento de las medidas cautelares impuestas a la exmagistrada, estableció que las costas sean soportadas en el orden causado y ordenó remitir los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia.
Discussion about this post