La Municipalidad de Caapucú atraviesa por un escenario de parálisis institucional y tensión tras el conflicto generado entre el Ejecutivo municipal y la Junta Municipal local. Integrantes del cuerpo legislativo comunal, liderados por el vicepresidente Luis Carlos Agüero y acompañados por el senador liberal Ever Villalba, se presentaron ante la Cámara Alta para exponer las irregularidades que enfrentan tras la frustrada transición en la jefatura comunal.
El origen del quiebre institucional se remonta al pasado 2 de junio, fecha en que el intendente Derlis Gustavo Penayo presentó su dimisión ante el pleno legislativo para abocarse a proyectos políticos y de salud. En dicha jornada, la Junta Municipal aceptó la renuncia e inmediatamente procedió a la votación para designar a un sustituto, resultando victorioso el concejal Rubén Darío Pedrozo Villalba por siete votos contra cinco, en detrimento del candidato afín a la línea del jefe comunal saliente.
Sin embargo, las autoridades denunciaron que al día siguiente la presidencia del cuerpo legislativo devolvió la nota de renuncia alegando vicios de forma mediante un dictamen externo, permitiendo que Penayo retorne al despacho sin someterse a la decisión adoptada por la mayoría del pleno. A partir de ese momento, los ediles opositores aseguran haber sido víctimas de amedrentamientos por parte de turbas, bloqueos físicos a los accesos de la sede municipal e incluso intentos de sustitución ilegal mediante la convocatoria no regulada de concejales suplentes.
En el ámbito judicial, la disputa ha derivado en la presentación de un amparo electoral ante los juzgados de Paraguarí para exigir la entrega del despacho y los sistemas financieros al intendente electo Pedrozo, además de una denuncia penal contra Penayo por supuesta usurpación de funciones públicas y lesión de confianza. Por su parte, el jefe comunal sostiene que su planteamiento original no constituyó un acto jurídico perfecto por carecer de firma certificada y ratifica que continuará en el cargo hasta la culminación de su mandato constitucional.
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