El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Federico Rojas, María Luz Martínez y Rossana Maldonado dejó sin efecto la declaración de rebeldía que pesaba sobre el exintendente de Jesús de Tavarangüé, Hernán Adolar Schlender, y dispuso su prisión preventiva en la causa por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Durante la audiencia, la defensa técnica de Schlender solicitó el mantenimiento de las medidas alternativas a la prisión, argumentando que la rebeldía respondió a un error de comunicación y notificación derivado del cambio de domicilio fijado por el acusado, quien se trasladó del municipio de Jesús a la localidad de Obligado. Sin embargo, la magistratura desestimó el planteamiento al considerar el historial procesal del investigado.
En su resolución, los jueces señalaron que el exjefe comunal registra reiterados estados de rebeldía ante diversos juzgados, incluyendo fueros de delitos económicos y causas descentralizadas. Asimismo, el tribunal recordó que en etapas anteriores del proceso se requirieron tres órdenes de allanamiento para lograr su localización y detención por parte de las fuerzas de seguridad.
Un factor considerado para el dictado de la prisión preventiva fue la revaluación de la calificación jurídica del caso. Los magistrados señalaron la existencia de elementos que vinculan los hechos investigados con un condenado por tráfico de drogas, identificado como Wilfrido Barez Vargas, alias «Pelonio». Ante este nexo, la conducta imputada quedó subsumida dentro de las disposiciones de la Ley N.º 1340/88 de represión al tráfico ilícito de estupefacientes, marco legal que contempla una expectativa de pena de 5 a 15 años de cárcel.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que entre los años 2014 y 2015 se facilitó el ingreso de fondos de origen ilícito en las cuentas destinadas al Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), estimándose un daño patrimonial de G. 7.418 millones. Por esta misma causa, el excontador de la administración municipal ya fue condenado a cuatro años de pena privativa de libertad, mientras que dos hermanas del exintendente, Doris Lince Schlender y Mariza Mabel Schlender, continúan bajo proceso en calidad de presuntas cómplices.
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