En el Salón de la Presidencia del Senado concluyó la mesa de trabajo convocada por el legislador Basilio Núñez, de la que participaron autoridades del gabinete nacional y dirigentes del sector médico en huelga. Al finalizar el encuentro, los representantes institucionales ofrecieron una conferencia de prensa para exponer la postura oficial del Gobierno nacional respecto a las demandas de recomposición salarial formuladas por el colectivo sanitario.
El Ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, enfatizó que la pretensión de aplicar un ajuste generalizado del 30 % representaría un impacto financiero estimado en USD 128 millones, cifra que resulta técnicamente imposible de absorber en la coyuntura presupuestaria vigente. Lovera explicó que la recaudación fiscal prevista sufrió desaceleraciones debido al comportamiento del tipo de cambio, reduciendo el ritmo de crecimiento de los ingresos del 9 % proyectado inicialmente a un 6 %, lo que implica una merma de entre USD 200 y USD 250 millones en la proyección de recursos de la Nación.
Asimismo, el representante del MEF descartó categóricamente la posibilidad de financiar el reclamo mediante incrementos de impuestos o modificaciones a la estructura tributaria del Impuesto a la Renta Personal (IRP). En su intervención, recalcó que la política del Poder Ejecutivo se enfoca estrictamente en optimizar la recaudación sobre las herramientas vigentes, y recordó que la recuperación salarial exigida intenta equiparar atrasos acumulados de casi 16 años en un solo ejercicio fiscal.
Frente a la intransigencia del reajuste lineal, el equipo económico y la cartera de Salud proponen reorientar la discusión hacia el fortalecimiento de la carrera médica, la implementación gradual del escalafonamiento e incentivos vinculados a las distintas especialidades profesionales. Las autoridades indicaron que cualquier margen de análisis financiero queda condicionado a los estudios del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2027.
Por su parte, la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, expresó la preocupación del Poder Ejecutivo por el impacto de la medida de fuerza en las consultas y cirugías programadas. La secretaria de Estado reiteró la voluntad del Gobierno de mantener el diálogo, pero insistió en que la solución debe encauzarse a través del escalafón sanitario existente y la desprecarización laboral, advirtiendo que un incremento salarial lineal no es sostenible a nivel presupuestario.
El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, abogó por un abordaje integral del presupuesto público. El parlamentario remarcó que, si bien se escucharon las reivindicaciones del gremio, no se vulnerará la Ley de Responsabilidad Fiscal ni se improvisarán soluciones que impliquen mayores cargas para los contribuyentes.
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