En una resolución unánime, los camaristas Arnulfo Arias, Camilo Torres y Paublino Escobar, integrantes del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos de la Segunda Sala, confirmaron el Auto Interlocutorio N.º 160 dictado por el juez de Ejecución Penal, Carlos Mendoza. Dicha resolución de origen había ordenado la detención nacional de Miguel Ángel de la Cruz Robles tras revocar las medidas alternativas a la prisión que le permitían permanecer en libertad.
La defensa del procesado, ejercida por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, había recurrido la orden de captura mediante un recurso de apelación general. Sin embargo, el tribunal de alzada determinó que no corresponde entrar al análisis de fondo de la presentación mientras el imputado se mantenga al margen de la ley. Los jueces enfatizaron que las normas procesales son de orden público y obligatorio cumplimiento, por lo que el condenado debe someterse formalmente a las reglas de la jurisdicción antes de promover incidentes o reclamos.
Miguel Ángel Robles se desempeñaba como jefe de Gabinete de la Gobernación del Departamento Central durante la gestión de Hugo Javier González. Ambos fueron condenados a la pena de 10 años de pena privativa de libertad tras comprobarse su responsabilidad penal en el desvío de G. 5.105 millones de fondos públicos que habían sido asignados a la institución departamental para la reactivación económica durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.
Con la ratificación de la orden dictada por el Juzgado de Ejecución, la Policía Nacional mantiene activa la instrucción de localización y detención de Robles a nivel nacional para dar cumplimiento a la condena impuesta por el fuero de Delitos Económicos.
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