La Comisión de Legislación del Senado abordó un temario de cinco proyectos de ley de alto impacto institucional y social. En relación con el primer punto, que busca modificar el Código Procesal Civil para establecer un régimen obligatorio de notificaciones y gestión electrónica en los procesos judiciales, el plenario decidió postergar su dictamen por 15 días a fin de aguardar las posturas por escrito de la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados de Paraguay.
Respecto a la propuesta proveniente de la Cámara de Diputados para regular el otorgamiento de licencias de conducir a personas con discapacidad auditiva, se acordó postergar su estudio para evitar una sobrelegislación. La comisión solicitó informes a los órganos asesores de Asuntos Departamentales y de Personas con Discapacidad para verificar si las especificaciones ya se encuentran contempladas en la legislación vigente.
En cuanto a la reforma de la Ley de la Policía Nacional, específicamente sobre los años de permanencia requeridos en cada rango (con posturas contrapuestas de 4, 5 y 6 años entre la norma actual, Diputados y Senado), la comisión solicitó la intervención de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para evaluar el impacto que cada opción tendría en la Caja Fiscal. Asimismo, el proyecto que busca elevar de 5 a 6 años de pena privativa de libertad las denuncias falsas fue derivado a la Corte Suprema y al Colegio de Abogados para recibir sus pareceres técnicos.
Por último, el único proyecto que obtuvo dictamen de aprobación con modificaciones fue el mensaje que reforma los artículos 1, 3 y 4 de la ley de régimen de subasta de vehículos abandonados. La iniciativa, impulsada con sugerencias de las municipalidades, pretende otorgar mayor celeridad a los plazos legales para que los rodados incautados o en estado de abandono —frecuentemente tirados frente a las comisarías— puedan ir a remate y despejar la vía pública.
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